El Congreso local aprobó en comisión la reforma constitucional que remitió el Senado de la República, para regresar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas y devolver al Estado mexicano el control sobre sus recursos estratégicos.
La propuesta ya fue avalada por 10 poderes legislativos locales, entre los cuales no se encuentra todavía el de Puebla, porque falta que se someta a votación del pleno.
El tema se abordó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde la reforma recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PVEM y PT, así como dos votos en contra de las legisladoras Susana Riestra Piña del PAN y Fedrha Suriano Corrales de Movimiento Ciudadano (MC).
La reforma en materia de áreas y empresas estratégicas ha sido aprobada por los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, por lo que requiere el aval de siete entidades federativas más para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
Las modificaciones se impulsan al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, para reemplazar el concepto de “empresa productiva del Estado” por el de “empresa pública del Estado”.
En segundo lugar, establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
En el debate de la propuesta, solo tomaron la palabra los diputados de Morena José Luis García Parra y Julio Miguel Huerta Gómez que respaldaron la propuesta, mientras Susana Riestra y Fedrha Suriano evitaron exponer sus motivos de disenso.
Durante la sesión de la Comisión de Gobernación también se avaló una segunda reforma constitucional en materia vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros.
El proyecto propone clasificar la materia de transporte ferroviario de bienes y personas como estratégica y se precisa el derecho de uso y aprovechamiento del Estado mexicano sobre las vías férreas para el transporte de pasajeros.
