Según fuentes doctrinarias, los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) son aquellos creados fundamentalmente en la Constitución (aunque nuestra Carta Magna no los define), pero que operan fuera de la división de poderes tradicionales del Estado; gozan de autonomía administrativa y financiera, y con los que se busca “desmonopolizar”, “tecnificar”, “especializar” e “independizar” funciones estatales, con lo que se dota a la administración de una pretendida visión “apolítica” y objetiva.
Siempre que al expresidente López Obrador se le preguntaba acerca de los OCAs, solía razonar: “¿autónomos de quién?, ¿independientes de quién?”, para añadir: “Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados”.
En consonancia con esta lógica, como parte de su llamado “Plan C” incluyó una reforma constitucional para eliminar a estos organismos. La exposición de motivos abunda en que los OCA se “convierte[n] en poderes públicos distintos de los tres poderes tradicionales”. Añade que, en los hechos, los OCA han permitido el desmantelamiento del Estado, carecen de un control democrático y subordinan a la nación a los intereses geoestratégicos de EU. (Recordando que buena parte de estas instituciones se desprenden de las “recomendaciones” y “buenas prácticas” de organismos como el Banco Mundial, OCDE o Fondo Monetario Internacional”.)
Por tanto, este cambio constitucional busca suprimir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Previsiblemente, y como en el caso de prácticamente todas las iniciativas de ley presentadas por el expresidente, supuestos “expertos”, –autoerigidos–, han advertido sobre las consecuencias negativas que la aprobación de la reforma en materia de simplificación orgánica conllevaría, tildándola incluso de un regreso autoritario.
Profundicemos en la verdadera naturaleza de estos OCA. Se trata, en realidad, de la reducción del Estado en favor de un régimen tecnocrático, al servicio de minorías enquistadas en los sectores que supuestamente “regulan”. En este sentido, un estudio del Senado francés relativo al funcionamiento de estos organismos (balance y el control de la creación, organización, actividad y gestión de las autoridades administrativas independientes, 2016) cuestiona, precisamente, el ambiguo régimen jurídico que poseen; las responsabilidades de las que se desprende el Estado para entregarlo a “expertos” sin ningún compromiso público ni control democrático. Estos organismos toman decisiones fundamentales y de alto impacto para la colectividad (la CRE, por ejemplo, fija las tarifas eléctricas) pero no rinden cuentas, ni son sometidos a escrutinios públicos tan severos como sucede con un secretario de Estado.
Señala este estudio: “La transferencia de poder no va acompañado de ninguna transferencia de responsabilidades”. Los OCA pueden llevar a cabo una política de la que no están obligados a responder al Congreso o ante el pueblo; ejercen poderes, sin haber sido electos por nadie, rompiendo con el principio fundamental de representación política.
Retomemos un caso de estudio: la Cofece, férreo persecutor de la CFE acusando de prácticas monopólicas a la única empresa eléctrica que responde a la ciudadanía ante los embates de la naturaleza o la escalada de precios en los recibos.
Ningún OCA ejemplifica de mejor manera la naturaleza tecnocrática y excluyente de estas instituciones. Basta revisar los requisitos que la Constitución establece para ser Comisionado de la Cofece con lo que confirmamos el evidente ánimo privativo de esas posiciones, reservadas para un pequeño grupo de personas privilegiadas: poseer título profesional; haberse desempeñado y “destacado”, cuando menos tres años, en actividades profesionales relacionadas con la competencia económica; “acreditar los conocimientos técnicos necesarios” para el ejercicio del cargo (en la práctica, a través de un examen de conocimientos).
Estas condiciones, que no le son requeridas ni a los aspirantes a la presidencia de la República, constituyen verdaderas barreras de entrada en perjuicio de las mayorías, a las que la competencia económica supuestamente protege.
A los comisionados de la Cofece, además, se les permite eludir verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, de los que son autónomos también. Una comparecencia anual ante la Cámara de Senadores (que solo se ha cumplido en tres ocasiones), una obligada contraloría interna y poco más.
¿Autónomos de quién? preguntaba el expresidente y, adecuadamente, respondía: del pueblo.