La muerte de Diana M., quien apenas era una niña de 10 años que jugaba en el patio de su casa y hace unos días una bala la alcanzó, no fue algo fortuito; es consecuencia de que autoridades del municipio de Puebla y del gobierno del estado han dejado “que la sangre llegue al río” en un conflicto en el que, sospechosamente se han negado a actuar frente a una invasión de 200 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina, a cargo de un grupo armado, en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, que es una de las zonas más codiciada de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Es un asunto en el que hay un tufo que hace suponer que la policía, en particular la del municipio de Puebla, estaría vendiendo protección a un grupo de invasores, que cuenta con unos 50 pistoleros –según relatan testigos— que protegen los despojos y el intento de seguirse apropiando de grandes áreas de tierras que, en unos años, podrían convertirse en los predios más caros del mercado inmobiliario del estado.
En esta columna –no hace mucho– se narró que la exhacienda de San José Zetina fue invadida en 2012 por un grupo de particulares –encabezados por una mujer a quien apodan “María Félix”— que hace algunos años perdió un juicio por la disputa de dichos terrenos. Ahora, ya hay un núcleo importante de pobladores en esa área que compraron predios y se han dado cuenta que todo fue un fraude, desde la instalación de servicios públicos y hasta un supuesto proceso de legalización de las propiedades, que les ofrecieron los fraccionadores.
En abril pasado los inconformes con el fraude y los pistoleros que defienden a los invasores se enfrentaron en la disputa por un pozo.
Ese día salieron a relucir cuchillos, tubos, palos, piedras y armas de fuego. El saldo final fueron 16 lesionados y 12 detenidos. Pero algo que llamó la atención es que antes de desatarse el zafarrancho, cuando ya había gritos y empujones, apareció una patrulla de la Policía Municipal de Puebla y pese a que le pidieron auxilio, los uniformados no dijeron una sola palabra y se marcharon.
Ya hasta que hubo los lesionados, entonces intervino la Policía Estatal, que llegó muy tarde. En esa ocasión el enfrentamiento pudo haber terminado con varios muertos.
Luego de ello, se han suscitado otros enfrentamientos más. En lo que se ha vuelto común los intercambios de disparos de arma de fuego.
Siempre hay la misma tónica. Nunca intervienen las patrullas de la seguridad pública del municipio. Ven lo que ocurre y se marchan del lugar.
Hace un par de meses, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local, por escrito pidió a Beatriz Manrique Guevara, la secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal; así como a Felipe Velázquez Gutiérrez, el director de Desarrollo y Gestión Urbana del Municipio de Puebla; que intervinieran frente a la invasión de la Ex Hacienda de San José Zetina y se frenara la ola de violencia que se vive en el área de conflicto.
Fuera de una superficial revisión de los terrenos en disputa, no se ha percibido el más mínimo interés de encontrar una solución el ambiente de violencia que ahí se vive.
Más allá de la intervención que se debe hacer por parte de los reguladores del desarrollo urbano, se plantea una pregunta fundamental:
Por qué la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, ¿no ha emprendido acciones para detectar y desarticular al grupo armado que actúa en las inmediaciones de Azumiatla?
¿No debería ser también del interés de Daniel Iván Cruz Luna, el secretario de Seguridad Pública estatal, desmantelar un foco de conflicto?
Por ahora no hay una explicación al comportamiento de ambos funcionarios.
No se sabe si no han entendido la gravedad del caso o hay algún interés que les impide intervenir.
A finales de la semana pasada, en la calle Pedregal, de la colonia Tecomitlán, una niña de nombre Diana M. jugaba en el patio de su casa. Los adultos de esa vivienda escucharon detonaciones de arma de fuego en la parte externa del inmueble, algo que se ha vuelto común. De pronto se percataron que la menor se desvaneció. Con sorpresa y pánico se dieron cuenta que una bala había alcanzado a la pequeña.
Los esfuerzos en el Hospital General del Sur fueron vanos para salvar a Diana M. El asunto solo lo explican bajo la frase sin sentido de que “fue una bala perdida”.
Parece que las autoridades van a intervenir hasta que haya un mayor derramamiento de sangre.
Y como siempre, llegarán tarde a atender el escenario de conflicto.
La junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, ubicada en el suroeste del municipio de Puebla, es una comunidad marginal, en donde habitan unos 11 pobladores y de ellos, casi 12 por ciento son analfabetos. El ingreso económico de las familias es de los más bajos en la capital.
Pese a la pobreza de ese pueblo, las tierras que lo rodean son las codiciadas por los desarrolladores inmobiliarios, lo que ha desatado una ola de despojo de tierras.
Azumiatla está a 16.7 kilómetros de la ciudad de Puebla, pero está a pocos kilómetros de donde Grupo Proyecta quiere construir el fastuoso desarrollo City Lomas, que es continuidad de Lomas de Angelópolis.
Por eso la disputa, invasión y especulación de tierras es una constante en esa área olvidada del desarrollo social y económico.