La reestructuración de la industria automotriz en territorio poblano es un hecho que sin duda afecta a la economía estatal, ya que una parte significativa del Producto Interno Bruto y del empleo en materia industrial depende de esta actividad, que tiene como finalidad abastecer en mayor medida al mercado estadounidense mediante procesos de integración regulados por el T–MEC, que en la práctica están siendo cuestionados por la política de reindustrialización de Estados Unidos, que desde el primer mandato de Donald Trump se ha impulsado y que en la actualidad se ha profundizado, usando la política arancelaria como mecanismo de presión.
Como sabemos, las decisiones fundamentales de las armadoras no se toman por las gerencias de las plantas asentadas en Puebla o en otros estados del país, sino por los Consejos de Administración de los consorcios establecidos en los lugares de origen de donde proceden las empresas y sus inversiones.
Por ello resulta preocupante el anuncio que hizo el gobernador Alejandro Armenta sobre que viajará a Berlín para reunirse con directivos de la empresa automotriz Audi, con el objetivo principal de garantizar la permanencia de la planta en el estado, por lo cual presentará a los ejecutivos de Audi los nuevos incentivos para operar en la denominada Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en San José Chiapa.
De lo anterior se puede desprender que existe la posibilidad de la salida de Audi, cuya instalación y operación en Puebla, ya ha tenido un alto costo para el erario estatal y bastante opacidad en los beneficios que desde el sexenio de Rafael Moreno Valle se les brindó y de los cuales nos fuimos enterando a cuentagotas ya que los contratos fueron reservados por años. Por ello, los nuevos beneficios que se ofrecerán deberían transparentarse para que también la sociedad pueda valor la pertinencia de las medidas o evaluar el costo–beneficio que la permanencia de Audi tiene para los recursos estatales.
