De acuerdo con la información que hoy presentamos, en siete años Audi México recibió recursos públicos por 441 millones 549 mil 509 pesos por concepto de “apoyos financieros”, sin saber cuál es el propósito de estos. Además, la ensambladora goza de la exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN), cuya tasa es de 3 por ciento. A todas luces es un trato que difícilmente puede tener la mayor parte de las empresas asentadas en el territorio estatal y aunque esos apoyos puedan estar avalados por la legislación actual, en la denominada Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, debería revisarse, ya que constituyen un abuso, aunque sea legal.
Las acciones y los recursos que los gobiernos han destinado y realizado para favorecer a esta armadora son cuantiosos; gran parte de ellos se adeudan y constituyen parte de la deuda pública estatal. No hay que olvidar las 460 hectáreas recibidas para asentarse en San José Chiapa, por las cuales la administración de Moreno Valle pagó a campesinos solo entre cuatro y ocho pesos por metro cuadrado, además de la disponibilidad de agua de la Cuenca de Libres y Oriental. La deuda de los más de 10 mil millones de pesos para la construcción de la plataforma donde se asentó Audi y que estuvo en un inicio bajo la categoría de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) sigue mermando las finanzas estatales.
Hace dos días el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, en el marco de una entrevista posterior a la firma de un convenio con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), declaró que el gobierno estatal tiene disposición de apoyar a las armadoras germanas para que permanezcan en esta entidad federativa, pero acotó que no se les puede dar más subsidios de los que ya tienen y que están contemplados en la Ley de Desarrollo Económico.
Por el momento no hay certeza de las afectaciones a la industria automotriz establecida en el país ni en Puebla por las políticas de reindustrialización que Estados Unidos desarrolle durante el mandato de Donald Trump y en los términos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) podrá renegociarse o si de plano se cancela, de continuar en la lógica arancelaria esbozada hasta el momento. Tampoco hay certeza sobre las decisiones que tomarán los consorcios automotrices y las afectaciones que se puedan tener sobre el empleo.
Los procesos de relocalización de las firmas junto a las nuevas formas de producir que implicó el establecimiento de la industria de autopartes y el mecanismo de la subcontratación como formas de abaratar los costos entre ellos el salarial y ambiental desde hace tres décadas han propiciado millonarias ganancias para las armadoras que exportan el grueso de su producción y que además disponen de financiamientos públicos para beneficiarse aún más frente a las urgentes necesidades que una parte de la población sigue padeciendo.
