En la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno lleva a cabo una revisión de las descargas ilegales que hay en el cauce del Atoyac, por lo que sentenció que empresas y municipios deben cumplir con las normas. La mandataria añadió que aunque las acciones de saneamiento del río son importantes, es fundamental cumplir con las normas ambientales para evitar contaminación en el mismo.
Resultaría inútil decir que no se conocen las causas de la contaminación del afluente, pues existen decenas de estudios hechos durante décadas por instituciones y organizaciones, que han generado datos contundentes, como que siete de cada 10 partes de la polución son aportadas por el municipio de Puebla y que las industrias son los principales agentes contaminantes, sin que se les apliquen sanciones.
Es crucial reconocer que los proyectos de saneamiento del Atoyac solo serán efectivos si se asegura el cumplimiento de las normas ambientales con lineamientos científicos y de participación social; de otro modo, cualquier inversión destinada a limpiar la corriente del río se convierte en un paliativo que no alcanza ni para disfrazar la ineficacia en la gestión de Agua de Puebla y la falta de acción de las autoridades competentes.
La urgencia de una respuesta real y efectiva es innegable. En lugar de proseguir con obras que solo simulan avances –como las que lleva acabo la concesionaria– se necesita un compromiso genuino para aplicar las sanciones correspondientes, emprender proyectos orientados desde la academia y con el involucramiento de la gente de las poblaciones directamente afectadas por la contaminación, y así garantizar que las empresas y los municipios que descargan residuos en el Atoyac asuman su responsabilidad.