En 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 sobre la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, en la cual reconoce que existe una relación entre la contaminación y las enfermedades que padecen lugareños de la región.
Después de siete años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió los resultados de la evaluación de riesgo del afluente, para atender dicha recomendación. La Cofepris, a través de su Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (Cemar), llevó a cabo una evaluación para determinar los riesgos relacionados con la exposición a sustancias fisicoquímicas y biológicas presentes en el agua que abastece a cinco municipios en los estados de Puebla y Tlaxcala.
El estudio determinó la ausencia de cloro residual, ya sea por cloración deficiente o falta de la misma, lo cual representa un riesgo para la salud de las poblaciones por la exposición a contaminantes bacterianos presentes en el agua, por lo que recomendó a los organismos operadores responsables de los sistemas de abastecimiento de estos municipios, garantizar la correcta desinfección del agua que llega a las viviendas.
En agosto de 2022 se efectuaron muestreos en 31 pozos que se abastecen del río Alto Atoyac, ocho se localizan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla, mientras que los 23 restantes se ubican en Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, municipios de Tlaxcala. Los resultados de estos análisis en los pozos y en tomas domiciliarias “no reflejaron concentración de arsénico, fluoruros, benceno, etilbenceno, tolueno, xileno ni trihalometanos que excedieran los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 127”. Aunque en un pozo ubicado en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, presentó concentración de plomo muy por encima de la norma.
Resulta grave que hubo que esperar siete años para que se diera respuesta a la recomendación de la CNDH, cuando la salud de la población está en riesgo, por algo tan fundamental y vital como el agua, pero ahora hay que esperar que los organismos operadores realicen las acciones para desinfectar el agua contaminada y no sabemos cuántos años tendrán que pasar.