ATENCIÓN EN CUAUTINCHAN

Hace apenas unos días en este mismo espacio se celebraba la posición valiente asumida por el presidente municipal de Cuautinchán, Raúl Babines Pérez, quien procedió a clausurar las actividades de transnacional Cementos de México (Cemex) en el territorio que gobierna, por carecer de los permisos legales.

La reacción de la empresa de origen mexicano pero con alcances transnacionales no se hizo esperar: el munícipe ha denunciado en entrevista con esta casa editorial que ha recibido amenazas por parte de representantes de la compañía que lo intimidan con ir a la cárcel si prosigue la suspensión de los trabajos de construcción en la planta.

La denuncia hecha por el alcalde debe ser atendida de inmediato por los gobiernos estatal y federal, amén de los organismos civiles que puedan garantizarle protección a su integridad física.


Por supuesto que los señalamientos del edil deben materializarse también formalmente por la vía legal, para ser investigados y deslindar las responsabilidades consecuentes, en caso de que se confirme la acusación.

No sale sobrando advertir que el comportamiento de cualquier ente público y privado debe ceñirse estrictamente al cumplimiento del Estado de Derecho, independientemente del poder político o económico que se posea.

En todo caso, los litigios para recuperar la anuencia para seguir operando,  deben enmarcarse para todos los actores en los cauces lícitos, pues a nadie conviene que en controversias por la aplicación de la ley deriven en ámbitos extrajudiciales o, peor aún, que incursionen en los terrenos francos de un delito.