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0 años han pasado de aquel 1 de enero de 1994 y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –México, Estados Unidos y Canadá– y la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el escenario nacional y mundial. Los análisis de balances de este fin de 2013 e inicio de año 2014 han sido relevantes y enriquecedores, muestran diversos aspectos de los impactos en la economía y en la sociedad mexicana, así como la mayor vulnerabilidad de uno de los sectores más sensibles y, por tanto, afectado por la apertura comercial, como es el agropecuario y su impacto en la alimentación.
Por otra parte, no es posible comprender la apertura y la puesta en marcha del TLCAN en 1994 sin las reformas estructurales precedentes que significó modificar la constitución y las leyes secundarias que sentaron las bases para transformaciones que hoy observamos y que forman parte de una nueva forma de acumulación de capital, basada en la inversión privada y por tanto mediante el retiro del Estado de muchas actividades que realizaba con anterioridad, así como la transformación institucional, en un entorno de liberalización a nivel mundial.
Una actividad que aparece con gran fuerza en la actualidad es el extractivismo minero, que con base en nuevas inversiones y tecnologías arrasa (o pretende hacerlo) territorios, por ejemplo en la Sierra Norte, con base en las modificaciones de 1992 al 27 Constitucional, así como la Ley Minera y de Inversiones Extranjeras que coloca en bandeja de plata al conjunto del territorio nacional para ese tipo de explotaciones.
Para el caso de México, las reformas y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte significaron una mayor integración a la economía norteamericana, quedando como plataforma para nuevas inversiones de consorcios internacionales y sus nuevas estrategias de flexibilización productiva, comercial y financiera, así como un espacio de importación que ponía el acento en el consumo, su abastecimiento y precios menores, atendiendo a la desigualdad de las estructuras productivas prevalecientes y el entorno institucional y de subsidios otorgados en sectores estratégicos y que implicó un proceso de desindustrialización, al mismo tiempo que se consolidaba el proyecto maquilador.
Desde los 80, y como salida de la crisis de endeudamiento evidenciada en 1982, se puso punto final a una dinámica de acumulación basada en el estímulo a crear una base productiva propia bajo el discurso de la sustitución de importaciones en un inicio y del desarrollo estabilizador posteriormente, comienzan una serie de ajustes y cambios desde lo financiero a lo productivo que sentaron las bases para lo que sería la nueva política de modernización en tiempos de Salinas de Gortari.
En materia agropecuaria, los embates que sufrió el sector fueron parte de esos cambios que impactan a la economía en su conjunto, donde las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional implicaron la importación paulatina de maíz y el abandono de la producción de otros granos, a la par que se propiciaba la agricultura hacia la exportación, basada en la gran empresa con inversión privada nacional y extranjera, explotando las ventajas comparativas existentes en ciertos productos hortofrutícolas, dejando librados a su suerte a gran parte de los pequeños y medianos productores del campo, ante importantes procesos de reordenamiento en el ámbito mundial asociados al poderío en materia alimentaria de los países industrializados y a la estrategia de los mismos de estimular los procesos de apertura de las economías del mundo con el fin de ser sus proveedores de alimentos, garantizando la realización de sus excedentes.
