Lunes, junio 17, 2024

Asociación delictuosa

El pasado martes 9 de enero, el presunto dirigente del PAN, Marko Cortés, se quejó de que Alito Moreno, sepulturero del PRI, y los priistas de Coahuila , encabezados por el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez Salinas, no le han cumplido, ni le quieren cumplir, los compromisos negociados y firmados en un documento de dos cuartillas, titulado Acuerdo Político Electoral, firmado previo a las elecciones del 4 de junio de 2023, en el cual se establece lo que, a cambio de sus votos, correspondería al PAN en caso de que el candidato priísta ganara la gubernatura en las elecciones del año pasado el candidato priísta. 

Al conocerse el contenido del compromiso firmado por el PAN y el PRI y recibir severas críticas, incluso del PAN, el desconcertado Alito salió en defensa de lo que no estaba en juego: el gobierno de coalición “que ––dijo en un comunicado–– reconoce a cada parte, potencia sus diferencias (sic) y privilegia los consensos” (La Jornada (14–01–24: 8). Sin embargo, en un gobierno de coalición se firman acuerdos sobre aquello en lo que coinciden los partidos coaligados, los objetivos comunes y las políticas a seguir en donde hay acuerdo sin perder su identidad; pero que fue lo que firmaron el entonces candidato, Manolo Jiménez Salinas, con los ávidos panistas.   

Bajo el rubro de Secretarías, se enlista que de ganar la elección el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se compromete a entregar al PAN la secretaría de Infraestructura y Obras Públicas;  Fiscalización; Medio Amiente, Turismo o Economía o Cultura; 20 por ciento de subsecretarías, descentralizados, desconcentrados y direcciones; el Subsistema de Educación, Instituto de Transparencia; Descentralización, infraestructura educativa, o Agua o Junta de Caminos; 20 por ciento de los Registro Civiles y oficinas de recaudación; 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades ¿y la autonomía); 6 notarías (¿y el procedimiento legal para obtenerlas?), la ratificación de Bernardo (Gonzáles Morales, ex dirigente del PAN en el estado) como Magistrado (el Ejecutivo entrometido en el Poder Judicial). 

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Luego del reparto de alcaldías para las elecciones de este año, 14 de ellas para el PAN, entre otras, Torreón y Monclova, y candidaturas a diputados locales y federales, termina el acuerdo, con estas líneas:

“En toda planilla que no encabece el PAN, llevará, por lo menos un regidor y dirección del municipio.” 

Firman el Acuerdo: Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Marko Cortés Mendoza (PAN), Armando Tejeda Cid, Rubén Ignacio Moreira Valdez y, el entonces candidato, Manolo Jiménez Salinas.   

Esto, de ninguna manera, es un pacto político es, simple y llanamente, un acuerdo mafioso para repartir un botín, que está pensado para permitirle a la derecha panista hacerse cargo tanto de negocios al amparo del sector público como fortalecer la hegemonía conservadora; en el primer caso, se “sacrifican” quedándose con la secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la de infraestructura educativa, o Agua o Junta de Caminos (o lo que caiga); y para que no haya problema alguno, también se quedan con la Fiscalización; en el caso de la hegemonía, quieren los vivillos panistas quedarse con 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, así como del Subsistema de Educación. Con ello, están pensando en resistir el avance de la “Nueva Escuela Mexicana”, además de apoderarse de la educación superior, donde se formarán los próximos exitosos emprendedores.   

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También están pensando los panistas, y con ellos los priístas de Coahuila, premiar las fidelidades y lealtades pidiendo, nada más, 6 notaría públicas, hacer un obsequio a quien fue dirigente estatal del PAN, Bernardo Gonzalez, haciéndolo magistrado violentando la división de poderes), a otros más premiarlos con oficinas del Registro Civil y oficinas de recaudación de rentas.

Pero la distribución era inequitativa, los panistas no lograron llegar al 20 por ciento del total de la votación, por lo que Manolo Jiménez, ya ungido gobernador, consideró que daba demasiado a cambio de la magra votación que recibió del PAN y decidió no dar nada a los panistas, pero no se crea, los grupos mafiosos, tarde o temprano se ponen de acuerdo, si no es que ya lo están, pues tienen la misma divisa: el gobierno sólo es administrador de recursos públicos para que los capitalistas hagan negocios privados con recursos públicos. En realidad, eso es lo que extraña la derecha y por eso quiere volver al poder político que legitime sus ganancias y un presupuesto a su servicio, en vez de orientarlo a la política social de bienestar.      

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