Los integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un pronunciamiento jurídico para respaldar la controversia constitucional que presentó el edil de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, en contra de la determinación del Congreso del Estado de no permitirle el cobro del Derecho a Alumbrado Público (DAP), informó el propio alcalde panista.
En conferencia de medios, Rivera Pérez destacó que los ediles presentaron ante el máximo tribunal de justicia en el país la figura jurídica de Amicus Curiae, que se traduce como un respaldo desde el punto de vista jurídico al recurso promovido por el edil poblano.
Sostuvo que la intención de los alcaldes que integran a Asociación de Ciudades Capitales, en la que hay ediles de todos los partidos políticos, incluido Morena, es evitar que esta prohibición se extienda por todo el país y se queden sin la posibilidad de recaudar recursos por ese concepto.
“Con esto la asociación respalda los alegatos y los argumentos que nosotros presentamos en esta controversia. Esto consolida nuestra posición en el sentido de que más de mil 400 municipios en el país hacen el cobro del DAP”, acotó.
Manifestó que si se le quita el cobro de este derecho a los municipios equivaldría a la pérdida de miles de millones de pesos, lo que resultaría en detrimento de las finanzas públicas municipales, ya de por sí afectadas por las reducciones avaladas por la federación.
Refirió que la próxima reunión de los alcaldes de Ciudades Capitales se realizará este viernes en la ciudad de San Luis Potosí, donde se abordarán temas relacionados con el turismo.
El munícipe recordó que durante su último encuentro hace más de dos meses la asociación hizo pronunciamientos sobre la reducción de recursos por parte de la federación a los municipios, así como la desaparición de fondos como el Fortaseg, el Metropolitano, el de Rescate de Espacios Públicos y de Pavimentación.
En enero pasado, el edil capitalino Eduardo Rivera promovió una acción de constitucionalidad, luego de que el Congreso del Estado impidió a su administración hacer el cobro del DAP, pese a que sí se autorizó para otros 140 municipios.
Al respecto, sostuvo en ese momento que lo que se busca es que el máximo tribunal de justicia en el país analice la legalidad del DAP y de ser así se autorice que el resto de los municipios de la entidad puedan hacerlo.