Asesinan y secuestran a 11 ediles y familiares en este sexenio

Asesinan y secuestran a 11 ediles y familiares de alcaldes en Puebla a lo largo del sexenio.

En el sexenio del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas se han registrado 11 asesinatos, secuestros y extorsiones contra alcaldes, ex ediles y familiares de esas autoridades municipales, de acuerdo con un recuento realizado por el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, donde se acusa negligencia de la administración estatal en el tema.

Las cifras han incluido a Puebla entre los 10 estados del país más peligrosos para los munícipes, según la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), alertaron los legisladores.

La problemática se exhibe en un punto de acuerdo presentado por los senadores priistas a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que solicitaron al gobierno de Moreno Valle un informe detallado del número de servidores públicos del orden municipal que han perdido la vida por causas externas o han sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 de febrero 2011 al 10 de agosto de 2016, acompañado del número de personas procesadas por tales hechos.


Asimismo, pidieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado un informe de las acciones llevadas a cabo, ante presuntas omisiones de las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos en los 217 municipios, así como las recomendaciones que haya hecho a diversas autoridades estatales y municipales.

 

La autoridad estatal “poco o nada ha hecho” para protegerlos, acusan

La bancada tricolor, que coordina Emilio Gamboa Patrón en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, acusó que los ataques “más sangrientos” en contra de servidores públicos del orden municipal y sus familiares se han registrado en Puebla durante la administración panista en turno.

Alertó que existe una situación de vulnerabilidad para los ediles porque la autoridad estatal “poco o nada ha hecho” para protegerlos, pese a que algunos fueron víctimas de otros delitos antes de ser asesinados.

El recuento de los senadores priistas, inicia con el asesinato de José René Garrido Rocha, ex presidente municipal de San Salvador el Verde, acontecido la madrugada del 20 de abril de 2013, luego de que ingresaran a su domicilio, presuntamente, para robar.

“Tras la resistencia, los perpetradores de este (delito) le dispararon (…) aunque se dio aviso a los números de emergencia, la gravedad de la lesión le causó la muerte”, refirieron.

Con ocho ataques, 2015 cierra como año negro en la historia de Puebla

De los 11 ataques contabilizados por los legisladores priistas, ocho se registraron en 2015, convirtiéndolo en un año negro para las autoridades municipales. El conteo inició el 8 de febrero, cuando Santos García Machorro, quien se desempeñó como alcalde de Cuapiaxtla de Madero durante el periodo 2011-2014 por las siglas del PRI, fue encontrado muerto por arma de fuego y punzocortante en su domicilio.

El cuerpo del ex presidente municipal presentaba al menos cinco heridas realizadas por arma blanca a la altura del cuello. Al día siguiente, el 9 de febrero fallecieron por disparados en la cabeza Armando Téllez Machorro y Abundio Téllez Machorro, ambos familiares del ex munícipe ultimado. Los dos trabajaban en un rancho de la junta auxiliar de San Simón de Bravo, en el municipio de Quecholac y al no corroborarse el robo, se presumió venganza asociada a la muerte de Santos García.

El 24 de mayo de 2015 se dio cuenta en la prensa que dos hijos del ex alcalde de Zihuateutla, Juan Ojeda González, estaban en calidad de “desaparecidos” al perder rastro de ellos en la carretera a Chicontla cuando circulaban en un automóvil Nissan Tsuru, con placas UAC-1678 de Puebla. Diversos medios publicaron que se exigía un cuantioso rescate, pero no se dio mayor información para no interrumpir las negociaciones.

El 25 de mayo el regidor de Chignahuapan Salvador Méndez Morales, quien además fungió como coordinador de campaña del hoy diputado federal Lorenzo Rivera Sosa, perdió la vida por arma de fuego a manos de sicarios. No se descartó como línea de investigación un móvil político, dado que el asesinato aconteció en plena campaña electoral, y se inició la carpeta de investigación número 193/2015/CHIG.

El último caso de 2015 se registró el 7 de diciembre con la muerte de Manuel Gómez Fosado, nieto del ex edil de Xicotepec Israel Gómez Díaz y primo del diputado federal Carlos Barragán Amador. Manuel Gómez fue secuestrado y posteriormente asesinado.

 

En 2016 se han perpetrado tres asesinatos de ediles y ex alcaldes

En los primeros ocho meses de este año dos ex ediles y un alcalde perdieron la vida en ataques con arma de fuego. Dos de ellos ya habían sido víctimas de extorsión, asaltos y tortura.

El 19 de abril de 2016 el edil de San Felipe Xochiltepec en el período 2008-2011, EustacioTarcisio Lorenzo Marcos, fue asesinado por un comando que lo interceptó en el municipio de Izúcar de Matamoros cuando circulaba en su vehículo.

El panista denunció en febrero del último año de su gobierno que fue víctima de un atentado en el que resultó lesionado, además de que recibía llamadas de extorsión por parte de un grupo criminal que lo había amenazado de muerte. “Por estos hechos nunca hubo personas detenidas”, aclararon lo senadores priistas.

El 15 de julio pasado, a plena luz del día, el ex alcalde del municipio de Domingo Arenas, Neftalí Hernández Mejía, fue asesinado cuando circulaba en su camioneta tras haber retirado dinero de un cajero automático en Huejotzingo. Los sujetos le robaron 20 mil pesos en efectivo.

El recuento de seis años del PRI concluye con la ejecución de José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, registrada el 2 de agosto pasado, presuntamente por el robo de la nómina del ayuntamiento.

Santamaría Zavala ya había sido víctima de un asalto el año pasado, cuando ladrones lo torturaron en su domicilio y al parecer se llevaron un botín por un millón de pesos. Entre noviembre de 2015 y febrero de este año reportó que la alcaldía estuvo “tomada” por los regidores del cabildo y otras personas que denunciaban presuntos actos de corrupción en su contra.