El abogado de José Emiliano Zambrano Aguilar, defensor del territorio en Santa María Malacatepec, Hilario Alonso Flores, y Alejandro Torres, integrante de los pueblos cholultecas, dicen tener pruebas de “inconsistencias” en la denuncia en contra del primero de estos, quien fue acusado por violación, como el hecho de que la víctima afirma que su agresor la cargó 200 metros en los cerros de la zona, lo cual resultaría “inconcebible”, además de que la habría atacado frente a su esposa.
En conferencia de medios, ambos cuestionaron el peso que se le da en la investigación a la declaración de la víctima, en el sentido de que Zambrano Aguilar la cargó 200 metros en medio de los cerros de Malacatepec, lo que resulta poco probable por la fuerza que requiere dicha acción, incluso para un hombre de ocupación campesina como el activista.
Por esta razón afirmó que para el Campamento de la Resistencia en Malacatepec como para los pueblos cholultecas, se trató de una denuncia fabricada a la medida como la que le pretendieron imputar en 2017, por la que ya había estado preso.
Sostuvo que detrás de estas denuncias seguramente se encuentran los dueños de Lomas de Angelópolis, así como el exfiscal Gilberto Herrera Bernal, para que Zambrano Aguilar no siguiera con su activismo en contra de los proyectos inmobiliarios.
Por su parte Hilario Alonso, asesor legal de Emiliano Zambrano, afirmó que aunque se rumora que Grupo Proyecta vendió el proyecto del City Lomas Ocoyucan a otros inversionistas hasta el momento los integrantes del campamento no han confirmado dicha versión
Agregó que en el penal de Cholula, el activista ha sufrido extorsión y cobro por servicios por parte de una mafia que opera al interior del reclusorio.
Subrayó que por intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ha negado los permisos correspondientes y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el proyecto inmobiliario City Lomas Ocoyucan se encuentra frenado.
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En septiembre de 2024, La Jornada de Oriente publicó la versión en el sentido de que el Grupo Proyecta –de la familia Posada— estaría a punto de abandonar el tan ansiado proyecto de City Lomas, el cual se pretendía que fuera el desarrollo inmobiliario más importante de Puebla en la segunda mitad de la actual década.
Según la especie, se estaría negociando con un consorcio –con sede en Monterrey, Nuevo León— la posibilidad de venderle los activos que tenía la compañía para que la segunda de estas firmas intente construir otro tipo de fraccionamientos diferentes a los programados, sin las dimensiones y la alta plusvalía que se planteaba en los planes originales.
Se destaca además que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resistió todos tipo de presiones que exigían concederle los permisos a Grupo Proyecta, lo cual no ocurrió, sino por el contrario: tres veces les negaron las licencias.
Fuentes bien informadas aseguran que quien habría utilizado todo su poder para intentar beneficiar al consorcio de la familia Posada fue Adán Augusto López Hernández, cuando era secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y muchos grupos políticos creían –equivocadamente– que el entonces gobernador con licencia de Tabasco podía ser el candidato presidencial de la 4T, en lugar de Claudia Sheinbaum Pardo.