Domingo, junio 16, 2024

Demanda ASA a Rivera crear comisión que garantice cancelación de contrato a Concesiones Integrales

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La Asamblea Social del Agua (ASA) celebró la revocación del contrato de la privatización del servicio, desde el cabildo de Puebla; sin embargo, solicitó a la alcalde Claudia Rivera Vivanco la creación de una Comisión Especial para garantizar el cumplimiento de dicho dictamen para regenerar el Buen Gobierno del Agua en la capital del estado.

“Nuestra propuesta al cabildo Municipal y a su presidente es establecer una Comisión Especial de trabajo que garantice la configuración de un Buen Gobierno del Agua en el municipio, y en el que participe la ciudadanía y los pueblos, tomando en cuenta sus usos y costumbres”, demandó la ASA, en voz de la académica María Eugenia Ochoa.

En rueda de prensa, precisó que la autoridad debe garantizar el derecho humano al agua, dadas las amenazas y reacciones de la empresa con perseguir a los deudores y continuar con los cortes de agua y drenaje.

Lo anterior, refirió, a pesar que con esta persecución se violenta el derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4 de la Constitución federal, y el 12 de la Constitución estatal.

En rueda de prensa, también solicitó al Congreso del estado se reviertan las reformas a la Ley de Agua que permitieron la concesión del servicio público y saneamiento, y que comenzaron con las presentadas por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en diciembre de 2012.

En rueda de prensa, los integrantes de la asociación exhortaron a la creación de una nueva Ley de Agua que conlleve a un proceso real de participación democrática de todos los sectores, a fin de resolver la inconstitucionalidad actual entre la constitución federal y local.

Ochoa aclaró que el hecho que se deje sin efecto el punto de acuerdo tomado en la sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 2013, que aprobaba la concesión del servicio público a una empresa privada, con lo cual arguyó “el municipio vuelve a asumir la rectoría y operativización del servicio, lo que implica un proceso de remunicipalización”.

En tanto, dijo que la nueva demanda a la Cámara de Diputados es que de manera inmediata asuma las acciones que le corresponden en consecuencia para agilizar las auditorías que el acuerdo de cabildo municipal establece, para operativizar la revocación de la concesión a la empresa Concesiones Integrales, por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).

Además, solicitó una mesa de trabajo que garantice la participación ciudadana y de sectores académicos con relevancia en el tema para la elaboración participativa de una nueva ley de agua en el estado, y para lo cual la ASA cuenta con una Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley de Agua (ICELA), la que pone a disposición de este proceso.

Congruente con su compromiso con la ciudadanía, María Eugenia informó que la ASA mantendrá su lucha en defensa del agua como un derecho humano, un bien común y público, y defenderá el líquido como un sujeto de derecho.

Al final, demandó al gobierno de Claudia Rivera Vivanco que en función de la aprobación del dictamen de cabildo que revoca el título de concesión a la empresa Concesiones Integrales, se asegure su cumplimiento a través de la Comisión Especial exprofeso para tales fines.

Por su parte, el síndico suplente y abogado de la ASA, Omar Jiménez Castro, reconoció que en contra de la privatización del agua, a la que calificó como una represión y hasta dictadura, se ha levantado un movimiento que surge desde abajo.

Incluso, señaló que desde el sector empresarial se está documentando también las fallas e incumplimientos de contrato en los que ha incurrido Concesiones Integrales, que abonan a la revocación del título de concesión.

El litigante dijo que la empresa no puede asumir una postura persecutoria contra los usuarios que han dejado de pagar porque no les llega agua pero sí les exigen el pago puntual por el consumo del líquido.

Refirió que en esta semana la compañía colocó una lona en contra de los habitantes de una colonia de la ciudad de Puebla, en el que los amenazan con perseguir a todos los que han estado en la lucha social contra la privatización del servicio y, especialmente, a quienes han interpuesto amparos por los cortes de agua y drenaje.

Finalmente, el síndico suplente del ayuntamiento de Puebla consideró que estas acciones son “patadas de ahogado” ante la ola de corrupción que existe al interior de la compañía, porque señaló que con la revocación del contrato se les va a quitar el negocio.

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