Advierte ASA que campaña recaudatoria de Concesiones Integrales busca legitimar cobros excesivos y mal servicio

La Asamblea Social del Agua (ASA) se pronunció este miércoles en contra de la campaña ventajosa de la empresa Concesiones Integrales SA de CV para recaudar mayor recursos en el pago del servicios, con descuentos de hasta el 50 por ciento en la deuda total y el sorteo de una vivienda, a cambio de legitimar tarifas excesivas, pésima atención y servicio, y atentados contra la salud.

Así lo advirtieron los activistas María Eugenia Ochoa, Omar Jiménez Castro y José Luis García Bello, quienes ofrecieron una rueda de prensa también para insistir en una urgente auditoría al Sistema Operativo de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

La Asamblea Social del Agua, como integrante del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), conjuntamente con el Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho AC, anunció la realización del Foro “La Gestión del Transporte y la Movilidad en Puebla: ¡La Tarifa Justa!”, para este jueves 6 de noviembre a partir de las 17 horas en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas (Bulevar 5 de Mayo y 11 Oriente).


En su oportunidad, la académica María Eugenia Ochoa advirtió que existe una clara doble intención de la concesionaria aumentar la recaudación ventajosa para sus propios intereses y de intentar legitimarse ante una ciudadanía lesionada en su derecho humano al agua y saneamiento.

Argumentó que la empresa abusa de su condición contra personas de sectores vulnerables, al ofrecerles agua de pésima calidad, cantidad insuficiente e incluso inexistente, y que daña a la economía por cuanto a los cobros exorbitantes.

“Son insensibles e indiferentes, con la agravante de una campaña engañosa de descuentos que no le aclaran y mucho menos le cumplen a los usuarios que caen en el engaño comercial”, acusó.

En ese sentido, dijo que la Asamblea Social del Agua sale a demostrar que las prácticas señaladas contienen una gran cantidad de vicios ocultos, diseñados con la finalidad de que la compañía intente “lavarse la cara”, a la vez que aumenta sus jugosas ganancias por encima del bienestar de la población y la sana gestión del líquido.

Asimismo, exhibió el engaño en el que incurre Concesiones Integrales al continuar cobrando el servicio de un saneamiento inexistente, que, aunado al fraude del cobro de un servicio no efectuado, redunda en un daño a la salud como se documentó en la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) número 10/2017.

Por otro lado, el abogado Omar Jiménez, quien además es síndico suplente del ayuntamiento de Puebla, exigió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad informe de los actos ilegales que realiza la empresa para abrir banquetas y la vía pública para cortar el servicio de agua y drenaje a los usuarios.

Expuso que dicha medida es ilegal, debido a que hace más de un mes el Cabildo de Puebla aprobó por unanimidad no autorizar ningún permiso a la concesionaria ni afectación de las banquetas, pavimento o carpeta asfáltica, para sellar las tomas de agua y la red de drenaje.

En el mismo tema, solicitó con firmeza al Congreso del estado se inicie una auditoría al Soapap, la cual se viene solicitando desde el inicio de año, para saber el origen del fraude de la privatización del agua en Puebla.

Además, añadió, de los daños que ha ocasionado el Soapap a la ciudadanía por acción, omisión o connivencia, en el cumplimiento fallido de garantizar el acceso al derecho humano al agua, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución federal y el 12 de la correspondiente estatal.

Llamaron al gobierno del estado a detener los cortes de agua y drenaje, haciendo énfasis que este acto es ilegal e irracional, porque no está permitido en la inconstitucional de la Ley del Agua aprobada en la gestión del panista Rafael Moreno Valle.

Además, demandaron la destitución inmediata de Gustavo Gaytán, titular del Soapap, y Francisco Muñoz, director de Gestión de Agua del Municipio de Puebla, debido a que han incumplido su responsabilidad de ser garantes de la gestión del líquido; así como la desprivatización del servicio y la abrogación de la Ley del Agua.

Por último, exhortaron a que se impulse ante el Poder Legislativo la Iniciativa Ciudadana de Ley del Agua (ICELA), que permita la regeneración de los mantos acuíferos, el respeto al ciclo del agua, el buen gobierno del servicio de aprovisionamiento del agua, y el avance progresivo hacia el fin de la contaminación de los cuerpos hídricos.