La empresa Concesiones Integrales SA de CV, conocida comercialmente como Agua de Puebla, incumple con la inversión programada para administrar el servicio de agua, drenaje y saneamiento como resultado de la colusión entre anteriores gobiernos estatales y el Poder Judicial.
Así lo señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien explicó que no se puede quitar el Título de Concesión a la compañía propiedad de la familia Hank Rhon debido a que costaría más de 10 mil millones de pesos y un largo litigio.
La penalización por desprivatizar el servicio de agua en Puebla ha ido en aumento desde la gestión de la panista Martha Érika Alonso, quien inicialmente estimó la cifra en 3 mil millones de pesos. Posteriormente, el morenista Miguel Barbosa habló de 5 mil millones de pesos y Sergio Salomón Céspedes de 8 mil millones de pesos.
Al ser cuestionado sobre el tema, Armenta Mier respondió que desprivatizar el agua resultaría muy oneroso, pues equivale a lo que se iba a pagar por la deuda heredada del Museo Internacional Barroco.
Argumentó la inviabilidad de la acción legal inmediata y denunció el “silencio cómplice” de actores políticos y judiciales cuando el servicio fue privatizado en 2013, así como la falta de inversión de la empresa concesionaria.
Expuso que aunque la exigencia de la ciudadanía por anular la concesión es constante, hacerlo por decreto es “inviable”: “No podemos ahora por decreto decir vamos a cancelar la concesión de agua”.
“Cancelar la concesión nos costaría 10 mil millones de pesos, lo que íbamos a pagar por el Barroco. ¿Quién nos da esos 10 mil millones de pesos?”, cuestionó el mandatario, tras destacar la necesidad de actuar “racionalmente, estratégicamente, para el bien de Puebla”.
Armenta Mier indicó que la estrategia del gobierno es trabajar en un “acuerdo que beneficie a los poblanos” en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Poder Judicial y la Consejería Jurídica, forzando a la empresa a invertir lo que le corresponde.
Hubo “silencio cómplice” en el saqueo
El titular del Ejecutivo estatal arremetió contra quienes hoy exigen la anulación de la privatización del agua, recordando que cuando se otorgó la concesión “no escuché a nadie decir por qué pusieron la concesión; todo mundo calladito, calladito”.
Por tanto, calificó este silencio como “complicidad” en el “negocio del saqueo”.
El morenista aseveró que Concesiones Integrales “no invirtió lo que tenía que invertir” y se amparó en la “complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior” y de los gobiernos estatales pasados.
Criticó a la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a quien señaló como “corrupta” y “cómplice de los empresarios corruptos”.
Al respecto, Alejandro Armenta afirmó que esta administración anterior dejó a Puebla con una deuda de más de 3 mil millones de pesos por “obras inexistentes” que su gobierno está litigando.
También acusó a “jueces y magistrados” cómplices de coludirse con empresarios para dañar el patrimonio y las finanzas del Estado.
Finalmente, el gobernador concluyó que los pasos a seguir están muy claros y que el legado de la Cuarta Transformación en el estado será revertir los efectos de esta corrupción.
