Las recientes caídas en las exportaciones de Audi y Volkswagen desde Puebla hacia Estados Unidos –69.1 por ciento y 50.6 por ciento respectivamente en abril– no deben interpretarse solo como consecuencias de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, vigentes desde el 3 de abril, sino como el desenlace de una larga cadena de omisiones estructurales por parte de las propias armadoras.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció una condición clara: si los fabricantes querían acceder al mercado estadounidense sin tarifas punitivas, debían cumplir con un mínimo de 25 por ciento de contenido estadounidense, o bien un 75 por ciento de contenido originado en el país donde se ensamblara el vehículo. No obstante, las compañías optaron por ignorar esta disposición, creando una mezcolanza global de partes, ensamblando vehículos con componentes provenientes de múltiples naciones, sin apego a las reglas del tratado.
Así, las armadoras actuaron más como operadores de un mercado global sin fronteras que como industrias conscientes del marco jurídico del que dependía su acceso privilegiado al mercado estadounidense. Lo que se vive hoy es, en efecto, una crisis anunciada. La estrategia cortoplacista de reducir costos y maximizar beneficios ignorando las reglas de origen está pasando factura.
En ese contexto, la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el medio alemán DW es más que pertinente: las automotrices deben ajustarse al marco del T–MEC. Si quieren vender en Estados Unidos, deben fabricar bajo las reglas pactadas. No se trata de un capricho político, sino de hacer valer un tratado que tiene por objeto equilibrar el libre comercio con condiciones justas y transparentes.
Puebla, cuya economía depende en gran medida de la industria automotriz, no puede ser rehén de decisiones empresariales que desprecian la legalidad y la sostenibilidad industrial. Las reglas estaban claras desde el inicio. Hoy lo que se observa es una consecuencia inevitable.
