El gobierno estatal emitió un decreto revocatorio del Área Natural Protegida (ANP) Cerro Colorado, ubicada en la Sierra Negra de Puebla, por tratarse de un procedimiento ilegal que no garantizó el derecho de audiencia, según informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en su conferencia de prensa virtual, donde también indicó la falta de un estudio técnico justificado.
El ANP Cerro Colorado se constituyó en octubre de 2017, en tiempos del exgobernador José Antonio Gali Fayad, comprendiendo parte de siete municipios: Ajalpan, Nicolás Bravo, Chapulco, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Vicente Guerrero y Tehuacán y según lo establece el decreto de constitución tuvo “como finalidad preservar y conservar la riqueza ecosistémica, paisajística, histórica y cultural de la zona denominada “Cerro Colorado” y sus alrededores”
Hoy se señala que estas áreas protegidas no tienen que afectar la vida ni la relación entre la naturaleza y las personas, por lo que la Dirección de Tenencia de la Tierra y la Consejería Jurídica del Estado (CJE) elaboraran un nuevo documento para retomar la denominación, pero sin afectar los intereses de la población, dedicada en su mayoría a la agricultura, en el tema en cuestión por haber violentado los derechos de 19 núcleos ejidales.
En el “Estudio Previo Justificativo para la Declaratoria del Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal, en la Modalidad de Reserva Estatal, de la zona denominada “Cerro Colorado”, se señala que en los últimos años la ciudad de Tehuacán ha crecido, alcanzando parte de las faldas del Cerro Colorado, lo cual representa una amenaza para la conservación de la flora y la fauna y para el mantenimiento de los servicios eco sistémicos que el área natural provee a la región; siendo unos de los más importantes la regulación del clima y la recaudación del agua, ya que las fuentes de humedad que llegan del Golfo de México son reguladas en esta zona.
Lo anterior estaría abriendo una discusión sobre el avance de la urbanización sobre el Cerro Colorado que finalmente puede constituirse en la afectación mayor en la zona frente a las necesidades de ejidatarios que siembran para garantizar su subsistencia y que en los últimos años no han podido hacerlo. Es deseable que la nueva declaratoria y su plan de manejo atienda las necesidades de la población preservando los ecosistemas y los servicios que el área provee a la región y a sus habitantes.
