Era necesaria la reforma al Poder Judicial, por lo menos en lo personal coincido con esta afirmación y no se podía esperar más tiempo, pero quien planificó la iniciativa no previó, por lo menos dos cosas: primera, las deficiencias profesionales de los legisladores que construyeron un dictamen con varios huecos, que ahora padecemos, no solo los técnicos sino también los presupuestales; segunda, la reacción de la oposición que mediante chicanadas legaloides retrasaron el proceso. Ahora estamos viviendo las consecuencias.
Aún con todo lo anterior, creo que el proceso saldrá y bien, aún aquellos (as) que persisten en poner piedras en el camino y apostarle al fracaso, aunque tengo claro que no habrá una participación desbordada, por las propias condiciones de esta elección, además de que este tipo de comicios atrae menos ciudadanos, más con sus singularidades y complicaciones.
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El domingo próximo iniciará formalmente el periodo proselitista para las personas candidatas, después de un azaroso proceso iniciado el 15 de septiembre, retrasado éste unos dos meses, debido al cúmulo de recursos legales interpuestos, que entorpecieron el inicio de las actividades en el INE, cuestión que tuvo que destrabar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se irá yendo rápido el tiempo y cuando se haga la evaluación correspondiente, algunos puntos deberán ser considerados, en la óptica de ir perfeccionando el proceso y sus normatividades, aunque no podemos olvidar que una parte de lo que fue el Poder Judicial anterior será renovada hasta 2027, posibilitándose reacciones en contra, incluso cuasi legales, que intenten obstaculizar el proceso faltante.
Otros aspectos que precisa considerar, es que haya tiempo suficiente para el registro de los postulantes, el filtro de los mismos, la validación de su información y sus datos, así como la corroboración de la experiencia manifestada. Esta cuestión no fue enteramente eficiente de parte de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.
Un punto más es el tope de gastos de las personas candidatos, en el objetivo de garantizar igualdad de condiciones participativas y equidad. Cuestión por demás criticable. Al respecto, es de resaltar la argumentación del Consejero electoral Uuc Kib Espadas, quien en la sesión del Consejo General del INE del 20 de marzo mencionó, lo siguiente: “esta es una decisión brutal y despiadadamente plutocrática. Es un golpe a la democracia y a la equidad. Si no dispones de millón y medio de pesos, esta elección no es para ti… porque se pone como centro de efectividad de las campañas la riqueza personal y no la idoneidad de quienes aspiran a ser jueces”.
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Otro que podemos considerar como un tema para resolver, en miras del proceso del 2027, son las previsiones presupuestales, pues los Ejecutivos y Legislativos, federal y locales, piensan que solo haciendo las reformas correspondientes es suficiente para organizar y realizar las elecciones de juzgadores, y no es así, no tienen idea de la complicación y necesidades de las mismas.
Finalmente, en esta entrega, señalaremos la necesidad de ajustar la llamada geografía electoral, deficiencia que es imputable al Consejo de la Judicatura, que no entregó la información correspondiente.
Conforme pase el tiempo anotaremos otros aspectos que se sumen a los ya mencionados.
