La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó el dictamen de una reforma constitucional que elimina el fuero al gobernador, a los diputados locales, al auditor superior, a los magistrados y a los consejeros de la judicatura para que puedan ser procesados penalmente.
En caso de delitos graves, la autoridad judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, mientras en delitos culposos requerirá la autorización del Legislativo. Para el resto de los casos, los funcionarios podrán hacer frente al proceso desde su cargo, desde el cual esperarán sentencia.
La presidente de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, explicó que el dictamen permite la permanencia en el cargo de los funcionarios implicados en un proceso penal porque defiende la presunción de inocencia.
La reforma cuenta con los votos suficientes en el Congreso para ser aprobada, por lo que Puebla se sumará a las 16 entidades federativas del país que han eliminado la inmunidad procesal de los servidores públicos estatales y municipales.
García Romero explicó que el dictamen surgió de la conjunción de tres iniciativas: una presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, otra por la diputada del PRI Rocío García Olmedo y una más presentada por ella como integrante del grupo legislativo de Morena.
El documento quedó listo tras un debate que se prolongó por tres horas, en las que la comisión dio cause a las propuestas modificatorias que presentaron los diputados Mónica Rodríguez Della Vecchia del PAN, Javier Casique Zárate del PRI y el sin partido Marcelo García Almaguer, de las cuales solo procedió una de este último.
García Almaguer logró que la reforma incluyera una modificación al artículo 41, para facultar al presidente del Congreso a velar por la garantía que gozan los legisladores de “inviolabilidad de opiniones”.
La reforma también se realizó a la fracción III del artículo 22, a la fracción XIII del artículo 57, al artículo 126 y al artículo 129, además de que incluyó la derogación de los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del estado de Puebla.
Los siete integrantes de la Comisión de Gobernación coincidieron en la necesidad de desaparecer el fuero por tratarse de una figura que ha impedido juzgar actos de corrupción de funcionarios públicos, pero difirieron en los detalles.
Mónica Rodríguez se inconformó con el dictamen por permitir a los funcionarios públicos la permanencia en el cargo para hacer frente a un proceso penal, cuando a nivel federal procede la separación.
Asimismo, criticó la intención de facultar al Congreso a definir si procede la prisión preventiva en caso de un delito culposo, debido a que no respeta la potestad del Poder Judicial.
En tanto, la diputada del PRI Rocío García Olmedo juzgó una falta de cuidado en reformar la Constitución al incluir conceptos como “presidente del Congreso”, cuando la Ley Orgánica del Poder Legislativo no reconoce esa figura.