Domingo, abril 18, 2021

Aprueba el Congreso nueva Ley del Notariado que incrementa supervisión sobre los fedatarios públicos

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El Congreso de Puebla aprobó una nueva Ley del Notariado que incorpora nuevos procedimientos y sanciones que buscan incrementar la vigilancia en torno a la función de los fedatarios públicos, quienes por primera vez estarán obligados a someterse a un proceso de actualización o certificación permanente.

A la par, el ordenamiento flexibiliza los requisitos a cumplir para ocupar el cargo y abre la posibilidad de incrementar el número de patentes notariales, de las 130 que existen actualmente a 305, ya que establece que podrá haber un funcionario investido de fe pública por cada 20 mil habitantes, cuando en la ley anterior la proporción era de uno por cada 50 mil personas.

La nueva ley surgió como una propuesta del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien revocó 29 patentes entregadas durante la administración de su antecesor en el cargo, Rafael Moreno Valle Rosas, por las irregularidades que identificó en su otorgamiento.

Sin cambios, Morena aprueba el nuevo ordenamiento

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La bancada de Morena del Congreso de Puebla garantizó la aprobación de la iniciativa prácticamente en los mismos términos en los que fue remitida por el titular del Poder Ejecutivo el jueves pasado, pues usó su mayoría para rechazar los cambios sugeridos por los diputados del PRI y el PAN.

Entre las correcciones desechadas se encontró una realizada por la diputada tricolor Rocío García Olmedo, consistente en fijar una proporción de un notario por cada 50 mil habitantes de la población económicamente activa, al recordar que la legislatura en funciones se fijó el propósito de reducir el número de fedatarios públicos.

La mayoría de Morena también se negó a aprobar una modificación planteada por la líder de la bancada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, tendiente a establecer en la ley las características que deberán cumplir los dos servidores públicos del gobierno del estado que se encargarán de someter a los notarios a actualización o certificación.

Tras la aprobación del ordenamiento con 29 votos a favor, cinco en contra y uno en abstención, García Olmedo alertó que la legislación será objeto de juicios de amparo, ante la decisión de Morena de no corregir los errores identificados por la oposición.

Concentrará el consejero jurídico funciones de supervisión

La Consejería Jurídica, que encabeza Ricardo Velázquez Cruz, tendrá un papel trascendental en las nuevas disposiciones que buscan una mayor vigilancia sobre la actuación notarial.

Aunque la ley determina que la Dirección General del Notariado “vigilará el correcto ejercicio de la función notarial”, esa atribución la ejercerá a través de “inspectores de notarías” que serán nombrados por la Consejería Jurídica.

Además, la Consejería Jurídica tendrá la facultad de designar a dos de las cinco personas que formarán parte de un comité técnico responsable de la actualización o certificación notarial. El resto de los integrantes serán el titular de la Dirección General del Notariado y dos representantes del Colegio de Notarios.

Asimismo, la instancia que encabeza Ricardo Velázquez definirá a dos de los cinco integrantes del jurado que determina a los ganadores de las patentes, mientras el colegio del ramo ocupará dos posiciones y el espacio restante será asignado por el gobernador.

Sobre la actualización o certificación notarial, el artículo 259 del ordenamiento aprobado detalla que se regirá por un sistema de puntaje que establecerá el Comité Técnico.

La nueva ley también incorpora nuevas sanciones para los notarios públicos en caso de que obstruyan las inspecciones. De hacerlo por vez primera se harían acreedores a una amonestación escrita; en caso de reincidencia, a una multa de una a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización.

En cuanto a los requisitos que se flexibilizaron para competir por el cargo de notario público, destacan ser vecino del estado, con residencia no menor de tres años ininterrumpidos, cuando en la ley anterior se exigían cinco años; así como comprobar que durante 12 meses ha realizado “práctica notarial ininterrumpida”, con lo que se retiró la exigencia de demostrar al menos cuatro horas diarias de actividades en la materia.

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