El Congreso de Puebla aprobó las reformas que elevan a rango constitucional la igualdad sustantiva, para combatir la brecha salarial y la violencia en razón de género; y que promueven la obtención de créditos baratos y suficientes a favor de trabajadores.
Ambas propuestas fueron impulsadas por la conocida Cuarta Transformación (4T) a través de la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador.
La reforma de Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva y la de López Obrador en materia de vivienda recibieron el respaldo unánime de los 41 legisladores poblanos, incluidos los seis que pertenecen a la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
“La igualdad no es un favor”: Xel Hernández
La presidenta Comisión de Igualdad de Género, Xel Hernández García, hizo un llamado al pleno a cumplir con una asignación “suficiente” de recursos públicos que garantice la implementación de las nuevas disposiciones a favor de la paridad.
“La igualdad no es un favor que nos están ofreciendo, es un derecho (…) no puede quedarse en promesas vacías ni en leyes que sólo existen en papel (…) es un derecho que debe ser garantizado con mecanismos eficaces (…) con objetivos claros y recursos suficientes para que no se quede en buenas intenciones”, expresó Hernández en tribuna.
De acuerdo con la minuta de decreto aprobada, los diputados locales deberán garantizar el cumplimiento “gradual” de la reforma, a través de la asignación de recursos en los presupuestos de egresos correspondientes.
A trabajo igual corresponde un sueldo igual
La reforma de Claudia Sheinbaum garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, al establecer en la Constitución que a trabajo igual corresponde un sueldo igual, sin distinción de género.
Asimismo, especifica que el Estado garantizará el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, por lo que autoridades federales podrán conocer y actuar sobre las medidas de protección relacionadas con violencias de género contra las mujeres.
La intervención de la Federación se mantiene incluso en medidas de protección que involucren delitos del fuero común, mediante la creación de fiscalías especializadas en la investigación de estos delitos.
A la par, se subraya que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por el principio de perspectiva de género, así como asegurar que los protocolos de atención y respuesta a delitos sean sensibles a las particularidades de las víctimas.
La reforma de López Obrador determina que es obligación constitucional de toda empresa proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, a través de la inyección de recursos a un Fondo Nacional de la Vivienda.