El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, que encabezan familiares y abogados de activistas encarcelados por el gobierno del estado, acusaron al titular del Poder Ejecutivo local, Rafael Moreno Valle, de aprovechar la crisis nacional que han provocado los crímenes de Iguala y Tlatlaya para continuar con su política de detenciones arbitrarias, tortura y hostigamiento de opositores.
En el balance de la organización suman más de 80 personas que han sido aprehendidas por realizar protestas pacíficas en el estado, muchas de ellas continúan encarceladas y el resto mantiene procesos de libertad condicional; mientras algunos de los presos actuales no tienen derecho a fianza y otros no la pueden pagar porque alcanzan cifras de 450 mil pesos y son de escasos recursos.
Entre los encarcelados se encuentra el edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por lo que su madre, Araceli Bautista, decidió integrarse al Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social que inició actividades el 16 de noviembre pasado.
Araceli Bautista encabezó ayer una conferencia de medios, junto con otros de los afectados por la persecución que ha desatado la administración poblana, en la que hizo un llamado a denunciar todo exceso cometido por el gobernador.
“Él nos ha lastimado tanto que entre todos nos tenemos que unificar para derrotarlo; esa es la palabra, creo que a todo al que le duela lo que ha estado pasando en Puebla se tiene que unir (a esta causa) para derrotar el mal gobierno de Rafael Moreno Valle”.
A raíz de la detención de su hijo, perpetrada por elementos de seguridad del estado el 21 de noviembre pasado, Araceli Bautista relató que ha tocado distintas “puertas” para lograr su liberación por lo que espera que esta semana lleguen “mensajes de otros países” para condenar los abusos de la administración estatal.
“No estamos lejos de un Ayotzinapa”
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con su nuevo ombubsman, Luis Raúl González Pérez, jugará un papel determinante para frenar la ola de represión en Puebla.
“Necesitamos que la CNDH le entre (al tema) pero de verdad, para que se haga justicia”, expresó Hilario Gallegos Gómez, defensor jurídico de otro de los ediles auxiliares aprehendidos, Leonardo Báez Serrano de La Resurrección.
Durante la rueda de prensa, dio a conocer que uno de los objetivos del comité es encabezar una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque hasta el momento sólo han sido canalizados con funcionarios federales “que tiene pacto con el gobernador”.
Y agregó: “desde aquí pedimos que se nos abra la puerta, necesitamos una entrevista directa con Osorio Chong para explicarle qué es lo que está sucediendo en Puebla porque no estamos lejos de pasar un Ayotzinapa, no estamos lejos de pasar una desgracia”.
Hilario Gallego identificó tres focos rojos en el estado: las juntas auxiliares de Chalchihuapan, San Miguel Canoa y La Resurrección, la primera del municipio de Santa Clara Ocoyucan y las dos últimas de la capital poblana, cuyos ediles se encuentran presos por oponerse al retiro del servicio del registro civil en sus comunidades, dictado por el gobierno estatal.
Cinco casos de tortura
Por lo menos cinco casos de tortura ha documentado en Puebla el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, y entre las víctimas se encuentran los ediles auxiliares Jairo Javier Montes de Chalchihuapan, Leonardo Báez de La Resurrección y Raúl Pérez Serrano de San Miguel Canoa.
“Dentro de la cárcel en la que se encuentran se les ha sometido a privación del sueño, confinamiento en recintos de castigo, no se les proporcionan ni los alimentos ni el abrigo necesarios y continuamente son amenazados”, de acuerdo con un informe de la organización.
El caso más grave reportado por el Comité es el de Raúl Pérez Velázquez, porque ha sido “sometido a peores tratos y amenazas, y a ser obligado a llamar por teléfono a sus hijos para decirles que dejen de luchar, que lo están torturando por ello, y que ellos son los que siguen”.
Ayer los hijos de Raúl Pérez, Javier y Rocío Pérez, quienes han relevado al presidente auxiliar en la dirección de San Miguel Canoa, acusaron durante la conferencia de medios que son víctimas de una campaña de hostigamiento impulsada desde la administración estatal, pero aclararon que no dejarán el movimiento y entre las acciones de resistencia que se contemplan en esa comunidad indígena está el impedir la realización de las elecciones federales.