Hoy se presenta información sobre el peligro que corren varias comunidades en San José Cañada Grande, de Tehuitzingo, por los vicios de construcción de una presa en la comunidad de Jaulillas y el conflicto suscitado con la empresa ICPC SA de CV, responsable de la construcción de la obra, con la cooperativa constituida exprofeso para recibir los recursos.
Según los testimonios recabados ayer, en marzo de 2019 los campesinos solicitaron a Desarrollo Rural (SDR) la construcción de una presa para que los productores agrícolas y pequeños ganaderos tuvieran agua en tiempos de sequía. La SDR aprobó la solicitud con la condición que formaran una cooperativa. Conformados como la Cooperativa “Presa de Mampostería el Enemigo S. C. de R.L de CV” les exhibieron el padrón de contratistas del gobierno del estado de Puebla y aunque al principio comenzó la obra la empresa Soluciones en Ingeniería y Tecnologías del Agua, S.A DE C.V fue sustituida por ICPC S.A. de C.V.
Lo anterior refleja un vicio añejo: condicionar el financiamiento a constituirse en una figura asociativa, que obliga en cierta forma a los campesinos a formar organizaciones para recibir los recursos, de los cuales se vuelven responsables, como en este caso y donde las asociaciones se vuelven una razón social, pero en muchos casos sin un sustento organizativo real, pero que se ven en medio de un conflicto legal que deben resolver.
Otro aspecto que implica un largo batallar para los productores y comunidades es la desantención de las autoridades de las diversas instituciones a las denuncias y solicitudes de las personas que deben atender. Si ayer se apersonaron en la comunidad funcionarios de la Dirección de Gobierno, Conagua, del Instituto de la Defensa Publica del Poder Judicial, de la SDR estatal y federal ofreciendo diversos apoyos fue para cumplir con la instrucción del presidente de México, que ordenó en la mañanera del pasado 24 de julio, se atendiera la denuncia hecha por pobladores por la negligencia y corrupción en la construcción de la obra por la empresa im-puesta por el gobierno estatal.
Y si bien el pasado viernes en una visita del director general de la Comisión nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez prometió a los pobladores la exhibición del dictamen o peritaje de la presa para agregarse como prueba en el juicio con la empresa ICPC, que tienen que enfrentar los cooperativistas, y dictaminar si la obra tenía arreglo o debe derribarse y construirse nuevamente desde los cimientos, en la reunión de ayer no se entregaron los documentos ni hay fechas para una solución o reconstrucción de la obra.
