Sábado, octubre 16, 2021

Aparece testigo que relata colusión entre los Jenkins y abogados para sacar 700 mdd del país

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Un importante trascendido indica que hace unos días apareció un testigo clave que, de ser cierta su información, le daría un vuelco a las acusaciones penales de lavado de dinero y delincuencia organizada que enfrentan 5 miembros de la familia Jenkins de Landa, pues habría aportado pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que apuntan a un supuesto contubernio con dos abogados para sacar del país alrededor de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y cuyas operaciones, habrían dejado a los litigantes una ganancia de unos 2 mil millones de pesos que, a su vez, se obtuvieron del patrimonio de la FMSJ.

La contribución del testigo que habló ante la FGR y al parecer también con la Unidad de Inteligencia Financiera es la misma narrativa que ya se sabe –menos el pago de los honorarios de los abogados— de como se transfirió el patrimonio de la FMSJ a dos paraísos fiscales, pero con el aporte de que presentó un documento que desnudaría el contubernio de los Jenkins de Landa con un despacho para hacer esas transferencias, mismo que sería una prueba mayúscula contra los acusados.

Según una fuente confiable ese testigo es muy cercano a uno de los dos abogados involucrados en este caso y que habría comparecido ante la FGR, en donde aportó un aparente contrato de prestación de servicios profesionales –ver copia— en donde los Jenkins de Landa pactan con los litigantes la manera en que los fondos de la FMSJ fueron trasladados a un par de paraísos fiscales.

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De acuerdo con los estatutos de la Fundación Mary Street Jenkins los fondos de esta organización filantrópica no pueden ser usados en beneficios personales de los miembros de la familia Jenkins de Landa, o cualquier otra persona física, ni mucho menos ser utilizados en fines ajenos a dicho organismo.

Los acusados, es decir Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins Landa, así como Elodia Sofía de Landa Iriza de Jenkins, han negado permanentemente que hayan sacado del país los fondos de la FMSJ y que los usen para fines personales.

La transferencia

La versión de los Jenkins de Landa se vendría abajo con las declaraciones del testigo en cuestión y el documento que presentó a la FGR del despacho jurídico Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto y Compañía S.C, que estuvo representado por el abogado Virgilio Rincón Salas y que tendría su sede en Zapopan, Jalisco.

Una fuente bien informada explicó a este columnista que el supuesto alcance de ese contrato de prestación de servicios profesionales –firmado por Virgilio Rincón y los Jenkins de Landa– se tradujo en dos acciones claves, que son las siguientes:

Primero los abogados presuntamente involucrados, Virgilio Rincón y Alejandro González Muñoz, habrían logrado mover los activos de la FMSJ fuera de los depósitos en que se encontraban para ser trasladados a cuentas bancarias en donde los miembros de la familia Jenkins de Landa tiene el manejo directo y personal de los recursos económicos.

Ello, se habría logrado mediante la donación fraudulenta del patrimonio de la FMSJ a una nueva fundación, que era una estructura legal aparentemente controlada por los propios abogados Rincón Salas y González Muñoz.

La segunda acción, presuntamente pactada en el contrato en cuestión, es que cuando los Jenkins de Landa ya tuvieran el control del dinero, los abogados habrían buscado una nueva jurisdicción para esos fondos con beneficios fiscales y corporativos.

El cumplimiento de ese segundo punto es lo que habría permitido que el patrimonio haya terminado en los paraísos fiscales de Barbados y Panamá, donde se cree que actualmente está invertido el patrimonio de la FMSJ.

El argumento que se esgrime en el contrato es que hay un complot de las autoridades mexicanas, de los ámbitos local y federal, en contra del patrimonio de la FMST, razón por la cual hay ponerlo a salvo. Estos son los acuerdos extraídos del documento en mención:

“El servicios profesional aquí contratado busca básicamente los siguientes objetivos, siempre en protección de los intereses, derechos, patrimonio y valores fundamentales de la Fundación… lograr la liquidación o en su caso la reversión del patrimonio de la Fundación y el reparto del capital de la misma entre los patronos, en caso de que exista la pretendida intervención en la administración de la Fundación por cualquier autoridad”.

Y más adelante agrega: “…transferir legalmente el patrimonio de la Fundación hacia otros vehículos que den continuidad a su labor, buscando jurisdicciones que tengan beneficios fiscales y corporativos que a la vez, eviten las amenazas de autoridades locales y federales…”.

De la lectura del documento se desprende –aparentemente– que se buscó repartir el dinero de la FMSJ entre cada uno de los miembros de la FMSJ y luego llevarse los fondos fuera de la jurisdicción mexicana.

La jugosa comisión

Lo que más sorprende es que el contrato tiene una cláusula, que es la quinta, que establece que: “…honorarios profesionales y gastos.- Las partes convienen que como contraprestación al servicio profesional contratados, tomando en consideración las declaraciones de los firmantes La Fundación pagará al Profesionista, el 15% de los activos de la Fundación que son materia de la protección al amparo de este contrato, más el impuesto al valor agregado” (Sic).

¿Qué significa lo anterior? Que los abogados involucrados fijaron como pago para ellos el 15 por ciento del patrimonio de la FMSJ, que es algo así como unos 2 mil millones de pesos.

Se dice –se ignora por parte de este columnista si eso ocurrió—que los abogados habrían recibido solo una parte del pago de servicios convenidos, que sería por el orden de los mil 100 millones de pesos, dinero que se habría repartido en diversos depósitos internacionales, siendo uno de ellos en Alaska, Estados Unidos.

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