La resistencia de diversos grupos de transportistas a cumplir con la obligación de que sus unidades se sometan a la verificación vehicular sumó ayer a Antorcha Campesina, cuyos dirigentes anunciaron una movilización para el próximo jueves 26 de enero a fin de demandar que la revisión sea suspendida.
Los propietarios de automotores que se dedican al servicio público de desplazamientos para pasajeros o mercancías, que se encuentran afiliados al Movimiento Nacional Antorchista, ofrecieron ayer una rueda de medios en la capital poblana, encabezada por Ovidio Celis Córdoba, y otros líderes.
El argumento de los antorchistas es que la verificación vehicular es una carga impositiva más, cuyo único propósito es la recaudación y no el cuidado del medioambiente.
Celis Córdoba explicó que por eso se ha convocado a una manifestación en la Angelópolis, en la que se espera una participación de al menos 2 mil 500 transportistas, la cual partirá del Paseo Bravo, hará una parada frente al Congreso local y luego proseguirá hacia Casa Aguayo.
La víspera, el Frente de Pueblos de Hortalizas y Legumbres de Cholula, encabezados entre otros por la ex diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, convocaron también a una manifestación para oponerse a la prueba de emisión de gases contaminantes, argumentando que ese gremio no tiene recursos suficientes para pagarla.
“Queremos ver al gobernador estableciendo una nueva política diferente para los campesinos que pueda garantizar que puedan trasladar y comercializar todos sus productos”, expresaron en conferencia de prensa, en la que calcularon que a su protesta podrían adherirse unos mil productores, entre ellos los locatarios de la Central de Abasto.
Además de estas organizaciones, desde la semana pasada, al menos cada dos días, grupos de no más de 50 transportistas de ruta han marchado y bloqueado calles demandando la cancelación de la verificación vehicular.
Ante estas expresiones, el gobernador sustituto, Sergio Salomón Cespedes Peregrina ha dicho que no se dará marcha atrás en el programa. y tampoco permitirá que las manifestaciones perjudiquen los derechos de terceros.
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