La presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, concluyó que la violencia fue una característica de la elección en Puebla, y aseguró que detrás de los altercados estuvieron “actores políticos” que intentaron anular los comicios del pasado 7 de julio porque su resultado no les favoreció en algunos municipios.
El aserto de la magistrada es sumamente preciso porque la disputa por el poder llevó a los grupos políticos que militan en diferentes partidos a confrontaciones más allá del discurso, pues no fueron pocos los casos en los que el uso de la fuerza se utilizó como recurso para ganar o arrebatar lo que no se pudo en urnas.
Los conflictos de unos comicios que se distinguieron por un cúmulo de irregularidades, ilegalidades y abusos persisten en varias localidades a siete meses de haberse conocido los resultados.
No resulta menor la anomalía de que 13 presidentes municipales y sus cabildos se vieran impedidos a rendir protesta en sus municipios de origen, porque no había condiciones para hacerlo y tuvieran que prestar juramento en un edificio del gobierno estatal ante los representantes de los tres poderes.
Los retrocesos democráticos que ha dejado el interés mezquino y hasta irracional por el poder son graves y costará mucho tiempo revertirlos. Puebla es un ejemplo claro de que el sistema de partidos ha sido rebasado y sustituido por un enjambre de facciones conformada por familias y aliados.