El Frente por el Derecho Humano al Agua y contra su Privatización, que agremia a una decena de organizaciones sociales y políticas, analiza la estrategia jurídica de nulidad absoluta o inexistencia del contrato para echar abajo el título de concesión entregado por 30 años a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
Lo anterior, después de que se diera a conocer que la compañía busca quedarse con las ganancias generadas hasta 2043, que asciende a 160 mil millones de pesos, como indemnización o “candado” legal para poder evitar que le quiten la administración del servicio del agua y drenaje en la ciudad de Puebla.
Este domingo, el frente se manifestó frente a la ofensiva de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que atenta en contra del patrimonio de la ciudadanía poblana.
En el asta bandera del zócalo de Puebla, José Luis García Bello, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), informó que se está analizando desde el punto de vista jurídico la inexistencia de contrato.
“No se puede hablar de rescisión del contrato, tampoco de revocación, porque no hubo elementos legales, desde la licitación del servicio del agua, y, por lo tanto, sus efectos también son inexistente”, explicó.
García Bello precisó que la licitación fue ganada por el consorcio Epcor, Ticsa y Agua de México, pero que al final la administración del agua se cedió a Concesiones Integrales, que es presidido por Juan Diego Gutiérrez Cortina, quien junto a sus hijos acumula 99 por ciento de las acciones de la empresa en mención.
“No había permiso para hacer esta cesión de derechos, incluso Gutsa –la empresa de Gutiérrez Cortina– estaba inhabilitada para el contrato público, por este y otros elementos se podría declarar la inexistencia del contrato”, argumentó.
El servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios del área conurbada se privatizó en 2013 a favor de un consorcio integrado por las tres compañías señaladas, pero se trata de una “fachada” porque en los hechos la familia Gutiérrez Cortina es la que tiene el control de la concesión.
Al respecto, el activista indicó que conjuntamente con el legislador federal Saúl Huerta están estudiando las causas de la inexistencia del contrato, a las que calificó de “oscuras” y “combatibles”.
José Luis García Bello sumó la falta de inversión, mal servicio y cobros incorrectos en los que incurre Concesiones Integrales.
En una entrevista acusó que la empresa viola flagrantemente el Artículo 4 de la Constitución Mexicana y el 12 de la Constitución estatal, que salvaguarda el agua como un Derecho Humano, el cual no puede ser suspendido por falta de pago, según los acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es firmante.
Además, argumentó que la empresa violenta la Ley de Agua del estado de Puebla, debido a que personal de Concesiones Integrales se presenta en los domicilios de los afectados sin una orden expresa de un juez para cortarles el suministro del agua.
“La empresa ha venido realizando a partir de 2017 más de 100 mil cortes de agua y drenaje por año, afectando con ello la calidad de vida y la salud de miles de poblanos y poniendo en riesgo su vida para quienes cuentan con familiares enfermos”, enfatizó.
El activista de la ASA argumentó que Concesiones Integrales está respondiendo al proceso iniciado por el cabildo de Puebla, con más cortes de agua y drenaje, así como con cobros injustificados e incremento de tarifas.
El pasado 25 de junio, el cabildo de Puebla aprobó el dictamen en donde se inicia el proceso de revocación de la concesión del servicio de agua potable y saneamiento otorgado a la empresa desde 2014, dadas las múltiples violaciones que la empresa ha infringido.
En consecuencia demandó a los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal que ejerzan los oficios pertinentes para que cese de inmediato los cortes de agua y drenaje.
Al ayuntamiento exigió velar por la protección de los derechos de sus gobernados, debiendo ejercer las funciones de prevención a la concesionaria y de protección; mientras que al Congreso del estado reclamó que permite que siga en función la Ley del Agua, con las reformas impulsadas desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, que permitió la privatización del servicio.
Finalmente, realizó un llamado a la ciudadanía para que se incorpore a la campaña de consecución de firmas, a fin de exigir a las autoridades competentes la realización de una auditoria inmediata al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) y el impulso de la Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley de Agua para el estado de Puebla (ICELA).