Los integrantes de la Fundación Jenkins se encuentran en el análisis de las declaraciones recientes del coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, en el sentido de que la agrupación es objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y desvíos a paraísos fiscales.
Así lo indicó la oficina de prensa de la organización a La Jornada de Oriente tras solicitar una postura sobre la información vertida por el funcionario estatal, esta semana, y la instrucción que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se la agrupación sea investigada.
El área de vinculación con medios de comunicación indicó que, en caso de que haya una postura concreta, esta será comunicada en los próximos días.
De acuerdo con José Luis García Parra, las investigaciones se habrían iniciado hace unos seis meses, por oficio, y con el fin de presentar las denuncias correspondientes en caso de que así se amerite.
“El gobierno del estado, sin necesidad de que nos lo pidieran, hace aproximadamente seis meses, instruyó a la Consejería Jurídica para que iniciara todos los procedimientos para poder investigar y, en su caso, iniciar las denuncias correspondientes en contra de este tema de la Fundación Jenkins por presunto desvío de recursos y lavado de dinero”, señaló.
Los miembros de la familia Jenkins sostienen desde hace más de un lustro un litigio por el control de la Fundación debido a que Guillermo Jenkins de Landa, quienes el nieto primogénito, acusa al resto de su familia de desfalcar el patrimonio de la organización, estimado en más de 3 mil 750 millones de pesos.
En medio de la pelea, durante la gestión del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se iniciaron investigaciones a nivel estatal, por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAPE) y hubo una pugna entre la familia Jenkins y el gobierno del estado por la rectoría de la UDLAP, conflicto que mantuvo cerrada por varios meses a la casa de estudios.
Las indagatorias se sostuvieron hasta la administración del exgobernador Sergio Salomón Céspedes, pues incluso la Junta intentó remover a los integrantes del Patronato de la Fundación, lo que provocó que los actuales integrantes presentaran una denuncia.
Según ha señalado en sus denuncias Guillermo Jenkins, el destino del patrimonio de la fundación, el cual tenía el fin de apoyar proyectos educativos y otros de carácter social, constaba de bienes por más de 3 mil 750 millones de pesos que acumuló desde su creación, pero ahora reposan en la empresa FPDL S.A. que es administrada desde una nueva fundación con domicilio en Panamá.
Los bienes de la asociación suman 19 inmuebles en Puebla y el estado de México, entre predios, casas y edificios; 21 automóviles, un helicóptero, medio centenar de obras de arte, acciones en empresas y cuentas bancarias, según ha señalado el inconforme.
