Organizaciones nacionales interponen amparos vs. cinco megaproyectos federales, entre ellos el Gasoducto Morelos

Organizaciones civiles a nivel nacional interpusieron dos amparos indirectos en contra de cinco megaproyectos que tienen continuidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, el Proyecto Integral Morelos (PIM), el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, y la refinería Dos Bocas.

Se trata de integrantes del Congreso Nacional Indígena y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, quienes presentaron los recursos legales ante el Juzgado Décimo Quinto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México y una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el folio número P-1690-20.

El argumento principal fue las graves violaciones a derechos humanos a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como a un ambiente sano. Además, arguyeron daños al patrimonio cultural y arqueológico y fallas en aspectos administrativos en usos de suelo y normas de construcción.


Ambos recursos piden medidas cautelares con efectos de suspensión de las obras.

Para el asesor del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González García, estos proyectos en su conjunto forman parte de un solo megaproyecto que obedecen a intereses geopolíticos de los Estados Unidos de Norteamérica.

En conferencia virtual, argumentó que se tratan de “cortinas” para parar el flujo migratorio de Centroamérica y México, a través de polos de desarrollo con impacto ambiental y cultural, e infraestructura energética basada en fuentes fósiles contaminantes, como son los gasoductos, las termoeléctricas y refinerías.

Afirmó que en estos cinco megaproyectos que se desarrollan en el país no se consultó a los pueblos, como demandan los convenios internacionales a favor de las comunidades indígenas.

Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala interpuso, con asesoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, un recurso legal en contra de la termoeléctrica del Plan Integral Morelos, que contempla un gasoducto, un acueducto y dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2010 y las empresas españolas Elecnor y Avengoa por mil 600 millones de dólares.

Dicha obra –precisaron- sigue sin operar ante los amparos interpuestos por colectivos en juzgados de Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, el riesgo por la cercanía con el volcán Popocatépetl y la omisión para formular la consulta a pueblos y comunidades indígenas.

En la defensa legal la organización lleva algunos casos ganados, como el que prohíbe definitivamente que el gasoducto pase por Amilcingo, donde fue asesinado el opositor al proyecto y comunicador indígena Samir Flores Soberanes.

Uno de los argumentos por el que también se encuentra frenado el PIM se debe a que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), con número 17MO2011E0001 y 21PU2011G0009, el gasoducto implica un riesgo por la construcción de estar asentado en zona de riesgo volcánico.

El proyecto Gasoducto de Morelos cuenta con una capacidad total de transportar 337 millones de pies cúbicos de gas natural por día, a través de una tubería con diámetro de 30 pulgadas, y una longitud total de 171 kilómetros.

El Gasoducto está construido en dos fases: la primera tiene una longitud de ducto de 123 kilómetros, que inicia con la interconexión de la Central de Ciclo Combinado de CFE en Cuautla, Morelos, y concluye Huejotzingo, Puebla, interconectándose con el gasoducto de Minatitlán-Venta de Carpio, que propiedad del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

La Fase II comprende una longitud de ducto de 48 kilómetros, va de la interconexión de Huejotzingo, Puebla, hasta Tlaxcala para interconectarse con el Gasoducto de Zempoala-Santa Ana.