La Secretaría General de Gobierno (SSG) descartó enfrentamientos entre vendedores ambulantes durante la temporada decembrina, con el argumento de que los permisos se distribuyeron de manera adecuada entre las distintas organizaciones de comerciantes.
El titular de la dependencia, Francisco Rodríguez Álvarez, aseguró que los acuerdos alcanzados buscan evitar desplazamientos forzados y disputas por los espacios.
El funcionario explicó que en las zonas de la capital autorizadas para la vendimia se mantiene presencia de agentes de la Policía Municipal, con el objetivo de prevenir y disuadir incidentes tanto entre comerciantes como con la ciudadanía. Añadió que, además del control del espacio público, las autoridades municipales realizan operativos para impedir la comercialización de productos prohibidos, como pirotecnia o mercancía apócrifa.
Rodríguez detalló que en el Centro Histórico, frente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cench), así como en el barrio de Analco, se otorgaron alrededor de 200 permisos temporales para la temporada. En zonas más reducidas, como el entorno del edificio de El Carolino y algunos puntos de Huexotitla, el número de autorizaciones se fijó en aproximadamente 50 espacios, con el fin de evitar saturación de calles.
Indicó que en el área de La Villita, ubicada en la avenida Reforma y la 11 Norte-Sur, se permitirá la instalación de más de 400 vendedores, quienes deberán pagar 52 pesos por metro cuadrado al ayuntamiento por concepto de aprovechamiento. Sostuvo que el cobro busca ordenar el comercio informal y generar ingresos transparentes para la Comuna, sin que ello implique otorgar facultades permanentes a los ambulantes sobre el espacio público.
El secretario General de Gobierno señaló que la intención de la Comuna es ofrecer un Centro Histórico ordenado a los visitantes que llegarán a Puebla durante diciembre, cuya cifra se estima en más de 350 mil personas. Con ese flujo, la administración municipal calcula que la capital cerrará 2025 con alrededor de 3.5 millones de turistas, un registro considerado récord por el propio funcionario.
Recordó que, antes de la asignación de espacios, la dependencia llevó a cabo varias reuniones con representantes de las agrupaciones de comerciantes, con el propósito de definir ubicaciones, horarios y restricciones. En esos encuentros, afirmó, los dirigentes se comprometieron a respetar los lugares asignados y a evitar invasiones que puedan detonar conflictos con otros grupos o con los negocios establecidos.
En otro tema, Rodríguez afirmó que los bares y centros nocturnos que hayan sido clausurados por irregularidades administrativas podrán reabrir siempre que subsanen las faltas detectadas y acrediten el cumplimiento de la normativa municipal. Aseguró que negar esa posibilidad resultaría contrario a los derechos de los propietarios, una vez que hayan corregido las anomalías.
Al respecto, se refirió al caso del bar Lacoss, donde un ataque armado registrado la madrugada del 18 de noviembre dejó siete personas muertas, establecimiento que también tuvo señalamientos previos por trata de personas. El secretario recordó que el negocio incurrió en faltas administrativas, las corrigió y, con base en ello, obtuvo nuevamente permiso para operar, pese a sus antecedentes.
El episodio en Lacoss, que derivó en la clausura temporal del sitio y en investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, abrió un debate sobre los criterios del ayuntamiento para autorizar la reapertura de giros negros o bares con antecedentes de violencia y presuntos vínculos con delitos de alto impacto.
