¡Basta de criminalizar a los defensores del agua, la tierra, los bosques y la vida! “No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes” (Ricardo Flores Magón)
El agua es un bien nacional de uso público, así lo establece la vigente Ley de Aguas Nacionales. El uso público implica que una persona natural o jurídica podrá obtener un derecho de uso y aprovechamiento del agua para lo cual, previamente, requiere la autorización del sector público; es decir, la regulación jurídica del agua en México se inició con la Constitución de 1917, donde el artículo 27 establece la propiedad originaria a favor de la nación.
Si bien la Constitución mexicana establece en su artículo 4, párrafo 6, el derecho humano al agua; este derecho implica que toda persona tiene derecho a acceder a agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para consumo personal y doméstico; sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales no establece como derecho el acceso al agua, se limita a regular su uso, exploración, distribución, control, y preservación; y se aplica a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. La Ley de Aguas Nacionales, se publicó en el DOF el 1 de diciembre de 1992 y su última reforma, publicada el 8 de mayo de 2023, sólo fue una caricia simplista cuyo contenido sigue siendo de corte neoliberal.
En las últimas décadas se ha acelerado el brutal despojo de aguas a comunidades rurales y campesinas. El uso y distribución del agua no ha sido sustentable en su manejo, ni mucho menos equitativa su distribución. Este fenómeno es muy claro incluso desde nivel municipal, basta con mirar la disparidad en la distribución del agua privilegiando a zonas residenciales pudientes, y castigando a las colonias populares.
En el terreno federal, el fenómeno es alarmante, las múltiples concesiones de agua entregadas a grandes corporativos, empresas embotelladoras, cerveceras, fabricantes de automóviles, la industria minera, parecen no tener fin. La CONAGUA, instancia encargada de su regulación, no tiene el control de la volumetría, ni del uso indiscriminado del agua en el sector industrial. El impresentable German Martínez, titular de la CONAGUA en el periodo de López Obrador, solo actuó como autentico emisario y mentor de las trasnacionales.
México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico. Su nivel de estrés es “alto”, lo que significa que cada año se extrae una media del 40 por ciento del agua disponible para su uso. Cuenta con 653 acuíferos subterráneos, y su sobreexplotación ha crecido a lo largo de los años. En 1975, había 32 acuíferos sobreexplotados; para 2019, la cifra había ascendido a 157. Además, se ha acelerado, en dos años se sumaron 50 acuíferos más sobreexplotados.
Tan solo la refresquera más grande del mundo, Coca Cola, consume el agua de los 32 estados del país de dónde extrae más de 55 mil millones de litros de agua al año.
El Estado Mexicano permite que empresas tengan un acceso indiscriminado a los recursos hídricos del país, mientras que existen poblaciones sin agua. Ante reiterados abusos de la industria, y la falta de respuesta inteligente del Estado, comunidades rurales han venido protestando en defensa del agua, sus territorios y la destrucción de los recursos naturales. Las consecuencias han sido fatales, tan solo en el periodo de López Obrador fueron agredidos 581 defensores ambientales en todo el país, de los cuales 123 fueron asesinados.
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Un caso repetido es el de la empresa norteamericana Smithfield Company “Granjas Carroll”, expulsada de su país por sus altos niveles de contaminación en Carolina del Norte y Virginia, pero en México le abrieron las puertas en Perote, Veracruz en los años 1993-1994, y de ahí a otros estados. Actualmente, cuenta con 42 granjas en Veracruz, Puebla y Tlaxcala, con un inventario de 1.3 millones de cerdos. En Oriental, Puebla instaló un rastro que ocasiona daños socioambientales alarmantes, se trata de una empresa depredadora del agua cuyo poder económico ha subordinado al poder público.
Cansados de años de engaños, mesas de trabajo sin llegar a nada, cansados de la devastación ambiental, el despojo y saqueo del agua y múltiples enfermedades gastrointestinales y respiratorias ocasionadas por Granjas Carroll; el 20 de junio de 2024 los defensores del agua y territorio de la Cuenca Libres-Oriental, tomaron la carretera Perote-Xalapa en la localidad de Totalco, Municipio de Perote, Veracruz; los disparos y la represión fue inmediata por parte de la policía estatal y Fuerza Civil del gobierno morenista de Cuitláhuac García, resultando asesinados dos campesinos que en vida fueron hermanos. A la fecha no hay responsables de los homicidios y las comunidades continúan sin una solución.
El 12 de octubre de 2024, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se constituyó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de 84 contralorías autónomas del agua, provenientes de 28 estados y la Ciudad de México.
La Contraloría tiene como objetivo primordial hacer frente a la grave crisis hídrica que afecta al país, las violaciones a los derechos humanos colectivos relacionados con el agua, y la ausencia de una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable del agua.
La creación de esta contraloría, surgió tras el incumplimiento del Congreso de la Unión, que ha fallado en cuatro legislaturas consecutivas en emitir una ley que regule adecuadamente el derecho humano al agua, establecido en el Artículo 4º Constitucional.
La Contraloría señala que la falta de una Ley General de Aguas, ha profundizado los problemas asociados al sobreconcesionamiento y la explotación excesiva de acuíferos y ríos, el agotamiento de manantiales, pozos y otros recursos hídricos, afectando tanto a los ecosistemas como a la vida de las comunidades que dependen de ellos. La nueva Contraloría plantea estrategias para detener las dinámicas de despojo y sobreconcesión que están destruyendo los recursos naturales.
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