Hay una persecución judicial del gobierno de Tetela del Volcán, perteneciente al estado de Morelos, contra 20 pobladores de San Antonio Alpanocan, Tochimilco, por la disputa del agua y el bosque.
Este martes un grupo de lugareños que integran el Comité de Deslinde de Alpanocan ofreció una rueda de prensa para visibilizar el conflicto que se ha recrudecido desde el pasado 9 de marzo con un enfrentamiento entre habitantes de ambos pueblos, que derivó en la quema de una decena de vehículos.
A raíz de esta situación, en la última semana han ocurrido al menos tres sobrevuelos de helicópteros oficiales del gobierno de Morelos sobre la comunidad poblana.
Por esta razón, solicitaron por escrito la intervención del gobernador Salomón Céspedes Peregrina en el conflicto social generado por la disputa del agua y el territorio con el municipio de Tetela del Volcán.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) citó a los pobladores a una mesa de trabajo para este jueves 21 de marzo, a las 12 horas, para buscar una salida pacífica al problema.
El documento -en poder de esta casa editorial- destaca cuatro peticiones centrales que hicieron los pobladores de Alpanocan al gobierno de Céspedes Peregrina: una reunión entre los ayuntamientos de Tochimilco y Tetela del Volcán, y representantes de los gobiernos estatales de Puebla y Morelos; así como frenar las posibles órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Deslinde.
Además, pidieron buscar una salida al conflicto social a través del diálogo para evitar enfrentamientos entre ambas comunidades, cerrar las carpetas de investigación respecto a los hechos, y una audiencia de manera personal con el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, para exponer la problemática que enfrenta la localidad y no se especule que es un asunto político.
En la misiva también se expuso que el enfrentamiento reciente ocurrió debido a que la comunidad de Alpanocan realizió una jornada de reforestación, limpieza y mantenimiento al campo de fútbol, cuando llegaron camionetas y personal del ayuntamiento de Tetela del Volcán para intentar colocar postes para delimitar y cerrarles el paso.
Refirieron que cuando el regidor de Gobernación, Rubén Mendoza Bazaldúa, intentó apagar los ánimos, la gente salió de control y comenzó la trifulca que derivó en el incendio que no pudieron sofocar y arrasó con varios vehículos que estaban en el corralón de Tetela del Volcán.
No hay intervención de partidos ni de políticos en la lucha por el agua
En la rueda de prensa, los pobladores de Alpanocan se deslindaron del partido Pacto Social Integración (PSI), tras los señalamientos que realizó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, de que el movimiento por la defensa del agua y la tierra se había contaminado por la participación del candidato a la alcaldía de Tochimilco, José Manuel Torres Rivera.
Al respecto, afirmaron que la lucha social es legítima y no hay intervención de ningún partido ni político.
A mediados del 2020, relataron que el conflicto territorial entre las localidades vecinas entró en crisis debido a que el Congreso de Morelos aprobó la creación de un nuevo municipio llamado Hueyapan, que se separó de Tetela del Volcán, y al delimitar esas demarcaciones, los diputados incluyeron mil 600 hectáreas de bosque que los pobladores de Alpanocan reclaman como parte de su territorio.
En septiembre, autoridades de Tochimilco interpusieron una Controversia Constitucional para dirimir este conflicto de límites, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó el caso debido a que el ayuntamiento no está facultado para reclamar el territorio, pues sólo el Poder Ejecutivo del estado de Puebla es quien debe encabezar este proceso.
Recordaron que tras la retención de siete personas de Tetela del Volcán, incluido un regidor de Gobernación, Rubén Mendoza, fueron los morelenses quienes rompieron los acuerdos firmados con las autoridades municipales en conflicto, que consistía en no injerir en la zona del manantial ni pozo de riego agrícola que se encuentra en los límites territoriales.
Finalmente, responsabilizaron a los gobiernos estatales de Puebla y Morelos de lo que llegue a ocurrir en la comunidad, si no hay una intervención oportuna en el conflicto.
