Almaden Minerals, la empresa canadiense que pretendía explotar los yacimientos de oro y plata del municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, anunció que reclamará 200 millones de dólares, unos 3 mil 580 millones de pesos, por la cancelación de las concesiones que ordenó la Suprema Corte de Justicia el año pasado. Para su litigio, informó en un comunicado que consiguió un financiamiento de 9.5 millones de dólares, donde además se explica que la medida se enmarca en el contexto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y se tramitará de conformidad con el marco jurídico establecido y aplicable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El CPTPP es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Está en vigor para los 11 países signatarios originales: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y entre sus objetivos destacan promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible, entre otros. Sus orígenes se remontan a marzo de 2017 y para México entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.
La controversia entre Almaden y el gobierno mexicano se originó por la inversión de la compañía en el proyecto Ixtaca, ubicado en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla y derivó de la férrea oposición de las comunidades locales y organizaciones defensoras del medio ambiente, que han denunciado daños y violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud. Organizaciones como la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, Cesder, Imdec, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han apoyado esta lucha, en el marco de una defensa territorial más amplia frente a la concesión de sus territorios para proyectos extractivistas.
Almaden denuncia que México ha incumplido sus obligaciones de protección de inversiones al declarar nulos los títulos mineros del proyecto, reevaluar las solicitudes originales considerándolas deficientes e inviables, y retrasar y posteriormente negar la expedición del Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto por parte de la Semarnat. Inicia así un litigio en el marco de los acuerdos y tratados internacionales que el país ha firmado que buscan garantizar las inversiones internacionales frente a los derechos y la vida de pueblos y comunidades.