Sábado, agosto 13, 2022

Alicia, Kelsen y yo: Qué es el derecho /V

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Lo expuesto hasta ahora debe llevarnos a comprender que los conceptos comúnmente utilizados para responder a la pregunta que da título a esta teorización tales como ley, derecho, constitución, justicia, etc., son conceptos formales del pensamiento jurídico, susceptibles de llenarse con la diversidad de contenidos con que los dota la política, entendida como la voluntad y acción del Estado, en tanto tienen por finalidad la organización de una sociedad, y son los procesos legislativos los que determinan el contenido concreto de las normas jurídicas. En el capítulo I de esta serie, apuntamos: <<…hacer…una teorización del derecho visto como marco de relación entre personas con y sin poder político, que nos lleve a reflexionar sobre el contenido de las leyes y sus normas; es decir, a preguntarnos por qué las leyes dicen lo que dicen. El hecho de que las leyes tengan un contenido y no otro, digan unas cosas y no otras, ayudará a comprender las razones que modelan las actuales formas de relaciones humanas y el tipo específico de sociedad en que vivimos>>. En una sociedad dividida en clases sociales, la disputa por los bienes económicos que genera el trabajo social asalariado, está representada por las luchas que se dan entre las fuerzas políticas (formalmente los partidos) que actúan al seno del Estado mexicano; así como por la presencia de los poderes fácticos  (factores reales de poder) -dueños del dinero, organismos empresariales, medios de información, empresas multinacionales, gobiernos extranjeros, iglesia, sindicatos, organizaciones civiles, etc.- que respaldan a los partidos políticos de una u otra orientación ideológica cuya tendencia, en el presente régimen político, marcha hacia la reedición de los históricos bloques de conservadores y liberales, representados puntualmente hoy por el bloque PRI-PAN-PRD-MC y Morena, respectivamente. La reciente discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que proponía una modificación al texto constitucional y la votación legislativa que la impidió, explica con claridad por qué las leyes dicen lo que dicen. Otro ejemplo es la reforma laboral impulsada por el gobierno del Licenciado Felipe Calderón que eliminó de la ley, prácticamente, el concepto de salarios vencidos en los juicios laborales beneficiando a los patrones, en referencia anterior. 

El derecho ha sido descrito -más que definido- como <<Conjunto de leyes, preceptos y reglas que deben obedecer las personas en su vida social>>. La pregunta de por qué el derecho deba ser obedecido con el contenido que se le haya dado, no tendría mayor complicación para responderse si enfocamos nuestra mirada, no a la relación hombre-ley sino a la relación hombre-hombre: [Hasta la fecha no existen reglas claras para el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencia entre hombres y mujeres. Los lingüistas aún no se ponen de acuerdo sobre la manera de hacerlo en el idioma español. Para salvar el obstáculo optamos por utilizar el masculino genérico clásico que alude a la especie humana; en tal entendido, toda mención que se haga del “hombre” representa, en la misma medida, a hombres y mujeres] con poder y sin él. Entre quienes imponen las normas y los obligados por ellas, socialmente se diseña un tipo específico de relaciones basadas en la dominación. Ésta tiene por base, primero, la subordinación de los trabajadores asalariados a los capitalistas, por el poder del dinero frente a la necesidad; y, segundo, la imposición de un sistema de organización de la sociedad basado en esa dominación, se obtiene y mantiene con el poder de la fuerza del Estado. Esta dominación, real, de la población trabajadora, oculta bajo el velo de la sujeción formal del hombre a la ley, hace necesaria otra imposición: asumir que si los individuos ignoran las normas legales que están obligados a observar, es un problema que atañe a ellos y no a las normas, ni mucho menos a quienes imponen esas normas. Es la base ideológica sobre la que se asienta la autosujeción de los individuos al modelo de organización social impuesto a través de los contenidos de las leyes, como base lógica indispensable que justifica el uso de la fuerza pública cuando los individuos no acatan lo establecido por ellas. Se genera, así, un despropósito social:<<Debió evolucionarse en el sentido de esta tendencia, que cuando menos tenía sentido común; y lejos de eso, se ha retrocedido, resultando lo que ya nuestro Sancho de Moncada, en el siglo XVII, notó al enumerar entre los daños que se originaban de tan gran muchedumbre de leyes, ‘que oprimen al Reino’, y lo que observan en nuestro tiempo Salvioli, Menger y Treves, que la muchedumbre de leyes induce opresión principalmente de las clases pobres, primero porque no pueden cultivarse, y segundo porque no pueden contar con el auxilio profesional de los abogados, careciendo de recursos para retribuirlos…>>. (Costa, Joaquín, op. cit., pp. 14-15). 

De aquella descripción del derecho podemos deducir que para su aplicación social hay tres fases que corresponden a la división del trabajo entre los tres poderes del Estado: a) la del dictado legislativo; b) la aplicación ejecutiva o imposición administrativa; y c) la de su obediencia voluntaria o cumplimiento judicial. En esta última fase es a la que concurren todas las modalidades de defensa de los derechos humanos de los individuos frente a los actos de autoridad que, dada la naturaleza escrita y disposición general de los mandamientos legislativos (leyes), al momento de su aplicación ejecutiva puede, o no, afectar derechos de cualquier naturaleza que las propias leyes otorguen a los individuos. El concepto contemporáneo de defensa de los derechos humanos deriva de la disputa entre la autoridad y los particulares respecto de la obediencia y cumplimiento del derecho. La inconformidad de los particulares sobre los actos de aplicación ejecutiva de la ley, es la que somete ante el poder judicial el análisis del lenguaje jurídico con que está redactada la ley que se pretende aplicar afectando la esfera de sus derechos como individuo. El debate que resulta de la aplicación de la ley general al caso concreto de cada individuo y la oposición a ella que deriva de la inconformidad de los individuos, se convierte en un modo de entrar al estudio del derecho que se conoce como método “dogmático”, atendiendo a que tal proceder no cuestiona lo que la ley dice, ni por qué lo diga, sino únicamente cómo lo dice, para determinar las formas y alcances de su obediencia o cumplimiento. 

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La dogmática como método judicial para aplicar el derecho <<deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho>> (Artículo 14 Constitucional), posee implícita una postura ideológica dominante al tener como punto de partida la aceptación presupuesta de la forma específica de las relaciones de poder establecidas en la ley y de las formas de su ejercicio social, que son ajenas a la pregunta sobre la obediencia del derecho y si ésta tendría que ser ciega sólo por provenir del derecho. El resultado de la aplicación judicial de las leyes -de los hombres con poder- bajo este método da lugar a la Ciencia jurídica que, en determinadas circunstancias sociales, se convierte en el instrumento político de que dispone el poder judicial. El estudio del derecho desde la perspectiva de los particulares -hombres sin poder-, salvo para el ejercicio profesional de la abogacía donde recurre al método dogmático, tiene que ser más amplio; no puede ponerse ataduras ideológicas ni basarse únicamente en esa mirada lógica de un solo sentido [O por el contrario –continuó diciendo Tararí-, si fuera así, pudiera muy bien serlo, y qué duda cabe que si fue así, entonces lo hubiera sido.., pero como resulta que no es así, pues no lo es… ¡y sanseacabó! ¡Vamos, eso es pura lógica!] (Carroll, op. cit., nota 1 p. 280). Es necesario completar la visión considerando el universo de comportamientos humanos regulados y la totalidad de las normas que constituyen el orden jurídico; lo que nos conduce a la exigencia del Maestro Eduardo García Maynez <<He acudido a la filosofía para entender mejor el derecho, y he querido ser jurista para convertir en asunto de meditación filosófica una realidad que hunde sus raíces en las necesidades y afanes de la vida práctica>>, como base indispensable para comprender la dimensión social del derecho como objeto de estudio. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de mayo de 2022.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

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