Una fuente cercana al Centro de Reinserción Social de San Miguel confirmó que en los últimos días se han detectado señales de posible desestabilización al interior del penal, presuntamente impulsadas por ciertos grupos de Personas Privadas de la Libertad que buscarían recuperar el control operativo del centro penitenciario.
De acuerdo con la información proporcionada, el personal del penal ha identificado comportamientos coordinados entre algunos internos, los cuales podrían estar vinculados con intentos de alterar la operación cotidiana de seguridad.
Entre estos indicios, refirió la fuente, se encuentran la reciente difusión de videos desde el interior del penal y la manifestación de más de seis horas registrada este viernes en el Camino al Batán, donde un grupo de personas, muchas con el rostro cubierto, cerró la vialidad argumentando presuntos abusos dentro del centro.
Prueba de ello es que varias de las personas que participaron en el bloqueo se negaron a proporcionar datos que acreditaran su parentesco con personas privadas de la libertad en San Miguel, hecho que también fue señalado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mediante un comunicado oficial al mediodía.
La dependencia indicó que intentó instalar una mesa de diálogo en el lugar, pero no se concretó debido a la negativa del grupo que organizó la manifestación.
Además, dichas versiones señalan que la protesta habría sido pagada: la convocatoria, según la fuente, se difundió ofreciendo 100 pesos a quienes asistieran.
En contraste, los manifestantes aseguraron que no brindaron ninguna identificación o dato que los relacionara con personas privadas de la libertad en el centro penal por miedo a alguna represalía.
Agregó que detrás de esta movilización estarían personas privadas de la libertad que fueron trasladadas recientemente a otros centros penitenciarios: Joaquín N., alias El Marmolero; Ernesto, conocido como El Orea; y Jair Arredondo, alias El Yayo, considerados internos con influencia en actividades irregulares dentro del penal.
Estos traslados podrían haber generado inconformidad entre los grupos que solían tener control de ciertas áreas, lo que habría detonado intentos de desestabilización a través de manifestaciones para presionar a las autoridades penitenciarias.
Además, en respuesta a estos indicios, el personal reforzó las revisiones de rutina, la supervisión de comunicaciones internas y el control en áreas comunes, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad del centro.
La manifestación del Camino al Batán se desarrolló en un contexto marcado por tensiones internas, denuncias públicas sobre presuntos privilegios para algunas personas privadas de la libertad y recientes operativos encabezados por la SSP, en los que se decomisaron armas punzocortantes, teléfonos celulares y sustancias prohibidas.
Finalmente, la fuente consultada consideró que estos operativos, junto con los traslados de internos considerados de alto riesgo, podrían estar motivando intentos de reacomodo interno que buscan presionar a la autoridad penitenciaria y recuperar espacios de control que perdieron en semanas recientes.
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