Cuando escuchó su nombre en boca de la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Puebla, Mónica Rodríguez Della Vecchia, el diputado del PAN Eduardo Alcántara Montiel dio un trago a su botella de agua. Había llegado el momento de ofrecer disculpas a Érika de la Vega Gutiérrez en sesión pública por cometer violencia política en su contra. La agraviada estaba ahí para presenciarlo.
No lo hizo por convencimiento sino por obligación, pues el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) se lo ordenó e incluso redactó el texto al que dio lectura el panista, quien ha insistido en su inocencia pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), última instancia en la cadena impugnativa, dejó firme la sentencia.
En el trayecto de su curul a la tribuna Alcántara mantuvo la vista firme al frente, a sabiendas de que a su izquierda, a 10 metros de distancia, se encontraba en la zona de galerías Érika de la Vega, quien lo acusa desde la elección de 2021 de ofrecerle la candidatura del PAN a la alcaldía de San Pedro Cholula a cambio de encuentro sexual o el pago de 1.5 millones de pesos.
Frente al pleno, Alcántara dio lectura con un tono solemne e impersonal al texto que preparó para la ocasión, no obstante, no pudo evitar lanzar miradas esquivas hacia el lugar donde se encontraba en pie Érika de la Vega, con una pancarta en mano en la que imprimió el hashtag #NoMasViolentadoresEnElPoder.
“Ofrezco una disculpa pública a la ciudadana Érika de la Vega (…) por los hechos que realicé durante el periodo en que la misma pretendía una candidatura para un cargo de elección popular, los cuales configuraron violencia política por razón de género en su contra”, manifestó.
Alcántara, el primer diputado que es obligado a pedir disculpas en tribuna
Una vez pronunciada la última palabra el panista bajó la mirada, esbozó una pequeña sonrisa y se retiró a su curul como el primer legislador que es obligado por los tribunales electorales a usar la tribuna del Congreso para disculparse por incurrir en violencia política de género.
En entrevista posterior a la sesión, De la Vega aclaró que continuará la batalla jurídica contra el legislador, pues si bien ganó la demanda por violencia política en razón de género, sigue abierta la carpeta de investigación que se abrió contra el panista por el delito de abuso sexual.
Además, demandó al Congreso local aprobar una reforma constitucional para que los agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia, así como violentadores familiares y de género no puedan ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público.