De entre 10 y 12.5 por ciento ha sido el incremento anual de fraudes inmobiliarios en el estado de Puebla, de acuerdo con asociaciones del ramo en la entidad.
Gran parte del problema se origina porque alrededor de 80 por ciento de las agencias inmobiliarias operan en ilegalidad, de acuerdo a estimaciones de Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI).
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Se calcula que son 8 mil inmobiliarias que hay en la entidad, lo que significaría que 6 mil 400 están irregulares y solo mil 600 son confiables.
Cabe mencionar que Puebla forma parte de la decena de estados que no tiene una Ley Inmobiliaria que permita contar con un padrón de agentes y empresas autorizadas para operar, tampoco hay obligación de que quienes se dedican a la renta o venta de propiedades cuenten con una licencia renovable cada tres años y cumplan con 40 horas de capacitación anual.
Esto ha permitido que tan solo en 2023 se perpetrarán más de mil 800 fraudes en territorio poblano, mientras que un año después fueron alrededor de 2 mil, con base en lo reportado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
En diversas ocasiones, Carolina León ha dicho que en ADAGI han sabido de casos en donde el monto con el que han sido defraudados los compradores va desde los 100 mil hasta 200 mil pesos.
El modo de operación que la asociación ha detectado, es que pseudo agentes inmobiliarios piden esas cantidades por el enganche de casas, departamentos o terrenos, pero en cuanto se les complican los trámites, abandonan a su suerte a los clientes y estos pierden su dinero.
Asimismo, para enganchar a sus víctimas, incluso cuentan con oficinas para parecer más formales, pero en cuanto les dan dinero, se esfuman sin dejar rastro.
La dirigente comentó que de casos como esos deriva la importancia de contar con una ley inmobiliaria, toda vez que al no haber regulación, cualquier persona puede laborar en el sector y ejercer sin conocimiento alguno, por lo que no existe garantía para los compradores.
Cabe decir que las redes sociales son otro medio para perpetrar fraudes, ya que a través de estas se ofrecen inmuebles en venta o renta, los cuales no existen o tienen dueños, mismos que no las está promoviendo.
Los defraudadores suelen anunciar a precios sumamente bajos los arrendamientos o ventas, posteriormente piden depósitos para apartar las propiedades, las cuales nunca entregan.
Casi nunca se conoce la identidad de los delincuentes ni se les arresta porque usan cuentas o tarjetas que son prácticamente imposibles de rastrear.
Para reducir o eliminar la posibilidad de caer en las redes de defraudadores, la AMPI continuamente recomienda ir personalmente a ver los bienes inmuebles y corroborar que las personas que los comercializan o rentan sean las propietarias o estén debidamente acreditadas para signar contratos.
A falta de ley, gobierno promueve “registro de intermediarios”.
A falta de legislación, ayer el gobierno del estado de Puebla anunció que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo se creará un registro y certificación estatal de intermediarios para proteger de fraudes al sector inmobiliario y consumidores.
Además, quienes presten servicios inmobiliarios deberán tener certificación de conocimientos y se creará una estructura de vigilancia que proteja tanto a los clientes como la participación transparente de empresas constructoras, bancos y notarías.
En el encuentro “La sinergia efectiva entre autoridades y gremio inmobiliario”, organizado por el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) y la Asociación para la Defensa y Apoyo al Sector Inmobiliario, el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, subrayó que es necesario fortalecer e impulsar al sector para que crezca, pero con certeza jurídica y confianza entre inversionistas y compradores.
Cabe mencionar que, pese a los miles de fraudes que se perpetran anualmente, Puebla es una de las 10 entidades de la República Mexicana que no cuenta con una Ley Inmobiliaria.
En 2023 el entonces legislador local panista, Oswaldo Jiménez, se comprometió a presentar una iniciativa en la materia, pero nunca lo cumplió.
Pero además, agrupaciones como ADAGI, la Bolsa Inmobiliaria de Puebla y la Red de Asesores Inmobiliarios señalaron que la propuesta del diputado por Acción Nacional estaba incompleta y fue copiada de legislaciones de otros estados.
Se prevé que en mayo, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del estado ,ahora sí se apruebe una ley en la materia en la cual se ha estado trabajando durante varios meses, de acuerdo a lo que informó la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez.
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