Domingo, agosto 7, 2022
- Anuncio -

La batalla es por el agua y nuestra salud, defiende inspector de Tecoltemi en Foro sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera

- Anuncio -

Relacionadas

La Secretaría de Economía cancela dos concesiones de Almaden en Ixtacamaxtitlán

La Secretaría de Economía canceló dos concesiones que Minera Gorrión, filial de la transnacional de origen canadiense Almaden, para...

Deben congresos locales armonizarse con la SCJN sobre despenalizar el aborto: Yolanda Gámez, legisladora local del distrito de Atlixco

Atlixco. La diputada local del distrito 21 con cabecera en Atlixco del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yolanda Gámez, dijo...

El desafío, pasar de los “proyectos de muerte” a los “proyectos de vida”: Alejandro Marreros

En la octava edición del boletín temático cuatrimestral del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural–Promoción y Desarrollo Social...

Destacadas

En una década, derechos por espacios en mercados de Puebla capital se elevaron hasta 200%, revela revisión a leyes de ingresos

De 2012 a 2022 los derechos por ocupación de espacios en los mercados municipales aumentaron hasta en un 200...

En Huexotitla, a plena luz del día, hurtan equipo de auto de La Jornada de Oriente

Al mediodía de ayer, en uno de las zonas más concurridas de la capital poblana, el auto que La...

La tonelada de maíz subió 37%; generó alza de hasta 33% en la tortilla: industriales

En lo que va del presente año ha incrementado 37.1 por ciento el precio de la tonelada de maíz...

“La batalla por la que estamos es por el agua y nuestra salud. Estamos defendiendo nuestros derechos”, explica Raymundo Romano, inspector de vigilancia de la comunidad de Tecoltemi, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, durante el foro que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Iberoamericana sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera en México. 

Afirmó que en Tecoltemi e Ixtacamaxtitlán no necesitan de proyectos mineros para vivir bien y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome en cuenta sus derechos y que velen por los pueblos del país.

“Queremos que nos escuche la Secretaría de Economía porque está mal lo que están haciendo, no les preocupa que nos lastimen y nos quiten la vida; la prioridad es el interés económico”, señaló.

- Anuncio -

Raymundo Romano precisó que cuenta con voz y voto para pedir que sean tomados en cuenta y valorados para evitar que megaproyectos los despojen del agua, de la tierra y separen a las comunidades.

Tecoltemi es un pequeño ejido de apenas 300 habitantes que logró poner a debate, en la esfera nacional, la inconstitucionalidad de la Ley Minera.

El próximo 2 de febrero, la corte federal analizará si cancela dos concesiones de 14 mil 229 hectáreas otorgadas por el Gobierno Federal en 2003 y 2009 a la trasnacional Almaden Minerals y si, además, declara inconstitucionales algunos artículos de la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas.

En el foro se expuso que los temas centrales que cuestionan la Ley Minera son: la utilidad pública y preferencia de la minería; acceso a la tierra para las empresas; acceso al agua para las mineras; y tiempo de vigencia de las concesiones.

El llamado de los académicos y los participantes es que se estudie la Ley Minera desde una perspectiva de derechos humanos.

En su participación, Itzel Silva de Fundar Centro de Análisis e Investigación informó que la Secretaría de Economía entregó estas dos concesiones sin consulta y sin consentimiento de la comunidad nahua, violando el derecho al territorio y la tierra.

Dijo que esto derivó en la lucha legal para frenar la instalación de la mina a cielo abierto, tras exigir a las autoridades competentes un análisis de fondo de la Ley Minera.

Silva expuso que la Ley Minera, en su Artículo 6, determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra; mientras que en el Artículo 19 dispone que por tener una concesión minera se otorga el derecho de aprovechar las aguas para las actividades mineras, e incluso más allá.

Además, argumentó que en el Artículo 15 fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual, es decir, la Ley Minera pone a las comunidades, su vida, tierras y territorios a disposición de las empresas hasta por un siglo de violaciones a derechos perpetuadas.

En esa misma postura se pronunció la investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Tatiana Alfonso, cuestionó por qué los ministros toman decisiones desde la corte federal que son asimétricas, que limitan los derechos indígenas en su interpretación constitucional.

Actualmente, destacó que hay una oportunidad muy grande para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice si dicha Ley es necesaria, idónea y adecuada para conseguir los fines que se propone, cuando amenaza los derechos de los indígenas.

Apuntó que priorizar la utilidad pública y preferente de la minería significa que los pueblos indígenas no van a tener la posibilidad de ejercer su derecho al territorio, y eso equivale a eliminar un derecho.

Finalmente, Jorge Peláez Padilla concluyó que los pueblos indígenas buscan la inconstitucionalidad de la Ley Minera a partir de la afectividad de la Ley Minera.

“En todo el territorio minero en México no ha habido consulta previa, lo cual habla de la necesidad de emitir un pronunciamiento que vaya al fondo del problema”, afirmó, tras señalar que la Ley Minera deja en la indefensión a las comunidades.

- Anuncio -

Ultimas

00:01:35

Para acercar el arte “vivo y auténtico”, el colectivo Ecos ocupa el quiosco de San Pedro Cholula

Desde este domingo 7 de agosto, el quiosco de San Pedro Cholula se volvió el "Quiosco del arte" al...
- Anuncio -
- Anuncio -