Martes, julio 5, 2022
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Sugieren documentar incumplimiento de Agua de Puebla para que litigio no fracase

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Los incumplimientos de Agua de Puebla en el contrato de concesión deben documentarse como base de las acciones legales que el gobierno o el Congreso emprendan para remunicipalizar la administración del líquido, coincidieron René Sánchez Galindo, y Francisco Castillo Montemayor.

Consultados ayer por separado, ambos confluyeron también en que los incumplimientos de la empresa alcanzan el área ambiental, financiera e hidráulica.

Sánchez Galindo, quien es usuario demandante en la acción colectiva para la recuperación de lo pagado a la concesionaria por el saneamiento de afluentes que no realizó, dejó claro que las autoridades estatales tienen varias alternativas para recobrar la administración del agua potable para lo municipios, no solo la interposición de una demanda sino la promulgación de un decreto, una reforma e incluso un convenio.

En cualquiera de los casos, apuntó, “se debe revisar con lupa el incumplimiento de la ley”, por parte de la compañía, “lo cual yo creo que se está haciendo o ya se hizo”.

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Mencionó que, para tal efecto, por ejemplo, se cuenta con información fiscal derivada del pago por el servicio de dotación de agua, que son datos accesibles y útiles. En el caso de las obras de naturaleza hidráulica, abundó, se puede recurrir a ingenieros que elaboren dictámenes, peritajes o análisis sobre lo hecho o dejado de hacer por la empresa.

Recalcó que en cuanto al saneamiento de los afluentes, que es una obligación de la concesionaria, los impulsores de la acción colectiva han documentado los incumplimientos.

Por su parte, Francisco Castillo Montemayor, quien fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el gobierno estatal y delegado de la Comisión Nacional del Agua en Puebla, destacó tres obligaciones incumplidas por Agua de Puebla que deben sustentar la acción legal de recuperación: el saneamiento del Río Atoyac, la calidad del agua y la continuidad en el servicio.

Mencionó como ejemplo que en inversión de infraestructura para satisfacer la demanda del recurso es evidente que la compañía no ha emprendido la segunda etapa de saneamiento.

Otra anomalía, indicó el ambientalista, tiene que ver con el  adendum hecho al contrato, porque en la licitación originalmente se establecieron  5 años para la instalación de medidores, pero luego se extendió el plazo a 9 años, lo cual sería una violación a las garantías de competencia en la licitación que tuvieron otras empresas, quienes pudieron haber desistido de concursar porque el lapso indicado de principio les parecía incumplible.

Además, se supone que la concesionaria debió invertir 3 mil 500 millones de peso en un lustro y se le extendió el plazo a una década, pero ni así ha cumplido. “Se deben revisar los estándares”.

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