Una jauría, como perros de cacería, como perros bulldog, se abalanzaron contra nosotras. Fuimos recibidas con gas lacrimógeno, a punta de rodillazos y patadas. Me duele la cabeza y los brazos”, así describió la activista Irinea Buendía, la mujer que cambió la justicia para las mujeres en México; la agresión del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a familiares y defensores de derechos humanos que reclamaban el feminicidio de Zyanya Figueroa Becerril y pedían una audiencia con el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal.
Desde la tarde del viernes 21, cuando se registró la agresión de los funcionarios a los ciudadanos que fueron difundidos en tiempo real por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicios (OCNF), existió una movilización de organismos nacionales e internacionales que mediante comunicados y cartas condenaron y exigieron una investigación de los hechos, además de externar el apoyo a quienes reclamaban justicia.
El viernes por la tarde, un grupo de unos 10 familiares de Zyanya Figueroa Becerril y activistas se presentaron ante la FGE para protestar porque personal de la dependencia no llegó a una diligencia, que se realizaría a las 9 de la mañana de ese día, en el domicilio en donde murió la joven médico. Los agraviados cuando quisieron encadenarse a las puertas del edificio, fueron desalojados a golpes y con gas lacrimógeno por unos 15 agentes de seguridad.
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, médico de 26 años de edad fue hallada muerta el de mayo de 2018 dentro de su departamento, colgada del tubo de la regadera y con una supuesta carta póstuma, por lo que se dio por hecho que se había quitado la vida. Sin una investigación seria y científica, la FGE dio por hecho que se trató de un suicidio.
La familia ha mostrado pruebas de peritos particulares que señalan que desde el primer día la carpeta de investigación estuvo plagada de omisiones. Las muestras hemáticas fueron enviadas por los peritos de la Fiscalía al laboratorio después de un año y tres meses, y se presume que realmente no correspondían a Zyanya y que las marcas que presenta en el cuello no corresponden a un cuerpo en suspensión.
Muestras grafológicas revelaron que la comparación de la letra de la carta con la de la víctima demuestran que está forzada o falsificada, además se ha documentado que tenía heridas en el cuerpo propias de un posible arrastre y contrarias a un caso de suicidio.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que acompaña a la familia, ganó un amparo contra la investigación que lleva a cabo la FGE y le obliga a incluir en sus pesquisas una perspectiva de género, es decir considerar diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres; explorar todas las líneas investigativas posibles y averiguar si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia, y específicamente de violencia sexual.
Luego de la agresión del viernes, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” de la Universidad Iberoamericana, ONU–Mujeres, La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU–DHMéxico), Amnistía Internacional, la Red Latinoamericana De Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, son algunos de los que hicieron un pronunciamiento público señalando las prácticas de la FGE y llamando a Higuera Bernal a respetar el derecho a la manifestación, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que podría atraer el grave caso de violación a los derechos humanos.
“Golpear a defensores o defensoras no es acto poco común en este país, pero agredir a familiares de víctimas de feminicidio ya es una acción desproporcionada de fuerza, de uso del poder”, asentó Ximena Ugarte, parte del equipo legal que asesora jurídicamente a la familia que reclama a la FGE el intento de dar carpetazo al caso de Zyanya Figueroa Becerril, tipificándolo como un presunto suicidio, cuando existen indicios y dictámenes forenses que apuntan un posible caso de feminicidio.
Al cierre de esta edición, fueron interpuestas 13 denuncias contra 15 funcionarios de la FGE, entre ellos Martín Torres Medina, uno de los agentes quien roció de gas lacrimógeno a activistas, defensores legales y familiares de Zyanya Figueroa durante la manifestación pacífica, cuya imagen en video se ha vuelto viral.
Todas las denuncias están acompañadas con dictámenes médicos que dan cuenta de la brutalidad policiaca del que fueron víctimas. Se pide la destitución del personal de la Fiscalía que participó en el ataque, además de sanciones administrativas y también penales. Pero la exigencia mayor es conocer quien dio la orden.
“Nos parece muy grave que cuando estos agentes se daban cuenta que el hecho estaba siendo documentado por la prensa y aun así no detuvieron las agresiones, nos parece no solo una conducta penalmente reprochable, sino una conducta cínica, impune, represora”, sostuvo la abogada.
Tanto Patricia Becerril, madre de Zyanya, como los abogados y asesores del OCNF revelaron el temor ante el grave riesgo para la continuación de la investigación del caso, pues no tienen ningún tipo de garantía de seguridad ni la familia, ni los defensores, así como de integrantes de colectivos que acuerparon la manifestación pacífica a la puerta de la FGE. “A la exigencia de justicia para mi hija, ahora se sume el temor por el riesgo a nuestras personas”, asentó Patricia.
La agresión registrada el viernes no fue un hecho aislado. Desde el año pasado la OCNF ya había denunciado amedrentamientos. El abogado Carlos Olvera fue amenazado durante una diligencia por el Ministerio Público que se resistía a considerar actos de investigación. “Me dijo que “le bajara” o abriría una carpeta de investigación en mi contra”.
Rodolfo Domínguez otro de los asesores jurídicos del OCNF que acompaña a la familia, también fue intimidado por agentes de la FGE en el seguimiento de este caso. “Nos sigue pareciendo increíble que a los defensores de víctimas nos cueste el cuerpo y a veces la vida defender los derechos fundamentales como lo es que la muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género. Es aterrador que en este país suceda esto. Más allá de la disculpa del Fiscal esto debe parar y debe haber garantía de no repetición”, dijo Ugarte
El fiscal nunca dio la cara
“¡Fiscal general, para esto ya!”, gritaban mientras eran golpeadas el grupo de mujeres que se había encadenado a la puerta de la FGE, entre ellas, la madre de Zyanya, Patricia Becerril así como Irinea Buendía de 70 años de edad, madre de Mariana Lima, cuyo caso es un precedente para la tipificación de feminicidios en el país, pues sentó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que determinó hace cuatro años– que todo homicidio violento de mujer debe investigarse con perspectiva de género, además de establecer que aparentes “suicidios” o “accidentes” deben no pasar inadvertidos y ser investigados como posibles feminicidios.
Llorando, Irinea interpelaba a gritos a Higuera Bernal con la Sentencia Mariana Lima en su mano “Mira fiscal, aquí tenemos esta jurisprudencia, ¿por qué la ignoras? Investiga el vil y cobarde asesinato de Zyanya como un feminicidio, no concluyas que es un suicidio sin haber investigado a fondo, debes llegar a la verdad. Se lo debes a su madre”
El fiscal general Gilberto Higuera Bernal no apareció entonces, ni tampoco después. Nunca se entrevistó con la familia ni los defensores, los asesores legales y la familia fueron recibidos por Raquel Avendaño Fernández, encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometido contra las Mujeres, y Ulises Ramos, fiscal especializado en Derechos Humanos, quienes atendieron las demandas, a la que se sumó una disculpa pública contra las personas agredidas de parte del Fiscal tras la brutal agresión.
La FGE pierde llaves del candado del inmueble en resguardo
Tras las agresiones y luego de 10 horas, finalmente la petición de la familia de Zyanya Figueroa Becerril –por la que inició la protesta del viernes 21 de mayo–, fue cumplida, y la casa en la que la joven fue hallada sin vida será resguardada por 20 días más, que podría extenderse a un periodo extra, dado que debían agotarse las pruebas periciales, pues la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las más de 80 consideradas en la escena del crimen.
La familia y asesores se movilizaron luego que la FGE les notificó que el inmueble sería entregado en tres días luego del aviso tras una audiencia con los dueños que solicitaban su devolución.
El acuerdo para la diligencia en el inmueble de San Andrés Cholula resguardado por estar dentro de una investigación fue recibido a las 3:30 de la madrugada. A las 12 del día sábado se llevó a cabo la diligencia que resultó “complicada y tensa” y tuvo como colorario un error más de la FGE, pues al momento de remover sellos del inmueble donde fue asesinada Zyanya, no lograron quitar las cadenas, pues agentes se percataron que no tenían la llave del candado. Lo habían perdido. Tuvieron que romperlo para abrir el inmueble que estaba bajo su custodia.
Abogados revelaron que funcionarios de la FGE no extendieron ninguna explicación. Pero el hecho quedó asentado en el Acta de Diligencia que se generó y que se integrará a la carpeta de investigación.