La agente del Ministerio Público Mary Cruz Lozada Morales, adscrita actualmente a la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alta incidencia (FEIDAI) en Huauchinango, fue reubicada en el municipio pese a contar con un expediente de queja abierto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), identificado con el número 5273/2025.
De acuerdo con litigantes y ciudadanos de la región que hicieron llegar el expediente de queja contra la representante social a la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt; Lozada Morales acumula múltiples denuncias por prepotencia y maltrato hacia quienes acuden a presentar denuncias, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas en su contra.
Los quejosos afirman que incluso durante una visita reciente de la fiscal general a la zona, se le entregaron quejas directamente, pero la agente continúa desempeñando sus funciones sin sanción.
Los abogados recordaron que Lozada Morales fue removida años atrás por orden del entonces fiscal Gilberto Higuera Bernal, luego de la liberación irregular de presuntos roba motos. Sin embargo, tras un breve periodo fuera del cargo, fue reasignada primero a las agencias de Chignahuapan y Zacatlán, donde también fue señalada por trato autoritario y negligencia, y finalmente regresó a Huauchinango.
Las denuncias contra la agente resurgen luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de la FEIDAI, emitió un boletín el pasado 4 de noviembre exhortando a la ciudadanía a denunciar actos indebidos de servidores públicos —en funciones o que hayan dejado su cargo recientemente— de las fiscalías regionales de Zacatlán, Huauchinango y Xicotepec.
Litigantes de la zona expresaron su respaldo a este llamado, pero advirtieron que la impunidad dentro de la institución mina la credibilidad del exhorto oficial. Señalaron que muchos agentes con quejas activas ante la CEDH o visitaduría solo son reubicados, no sancionados, perpetuando una cadena de abusos y falta de confianza ciudadana.
“Si realmente quieren limpiar la Fiscalía, deben empezar por sus propios funcionarios”, coincidieron los denunciantes.
