Las trabajadoras sexuales afirmaron que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) les advirtió que dejaran de laborar en las calles del Centro Histórico, ya que seguirán los operativos en su contra, debido a que el gobierno capitalino se ha negado a dar una zona de tolerancia.
Una comitiva de empleadas sexuales sostuvo una reunión el pasado martes con funcionarios de la dependencia municipal para informarles que la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla continuará con las redadas.
Isabel “F”, representante de las sexoservidoras, dio a conocer que el “apoyo” de la SSPTM, será solo en sancionar a los policías municipales que abusen de su autoridad durante algún operativo, pero que el edil, Antonio Gali Fayad y los regidores son quienes deciden sobre si tendrán una zona de tolerancia para ejercer su oficio.
Durante la reunión –agregó Isabel– personal de la dependencia encargada de la seguridad del municipio, les dijo que se deslindaban de cualquier operativo violento: “La secretaría nos buscó, nos mandó un oficio para decirnos que no hay una zona de tolerancia y que tuviéramos cuidado porque los operativos continuarían”.
La trabajadora sexual dijo que ante la negativa de las autoridades, en el transcurso de esta semana realizarán otra manifestación y que buscarán una asamblea con el edil emanado del Partido Acción Nacional, Antonio Gali Fayad, para pedir una solución.
En la reunión con el alcalde de la Angelópolis le pedirán que se abra una zona de tolerancia para trabajos sexuales: “Si nos dice el presidente que eso no se puede entonces también pediremos que se terminen los centros nocturnos donde hay hombres. Hay muchos y ellos no son sancionados, pedimos igualdad”, agregó.
La fémina adelantó que presentarán cinco quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, por los agravios físicos, psicológicos y la extorsión de la que son víctimas parte de los uniformados estatales así como municipales durante los operativos.
Isabel “F” informó que se encuentran asesorando con miembros del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, con el propósito de plantear propuestas al gobierno municipal para laborar.
La trabajadora sexual informó que más de 25 hoteles, moteles y casas de citas se han clausurado en esta administración municipal, lo que ha dejado sin empleo a más de 300 mujeres.