La Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla advirtió que se podría tramitar un recurso en contra de los trabajadores del Poder Judicial que persiste en el paro de labores, luego de que los jueces y magistrados decidieron a regresar a trabajar hoy, pues es evidente que no hay afectaciones a sus derechos laborales y pueden ser acusados de obstrucción de la justicia.
La organización emitió una advertencia que será publicada este jueves, señalando que podría tramitarse un recurso legal en contra de los trabajadores del Poder Judicial que continúan en paro de labores. Esto surge luego de que los jueces y magistrados decidieran regresar a sus funciones, argumentando que no existen afectaciones a los derechos laborales que justifiquen la paralización prolongada. De acuerdo con la BLADP, la negativa de estos empleados a retomar sus actividades podría configurar un delito de obstrucción de la justicia.
El paro de labores, que inició semanas atrás, fue convocado por sindicatos de trabajadores del Poder Judicial en protesta por lo que describen como condiciones laborales injustas y recortes presupuestales que impactan directamente en sus salarios y prestaciones. Sin embargo, a medida que el conflicto ha evolucionado, ha generado un creciente malestar no solo entre las autoridades judiciales, sino también entre la ciudadanía, que ha visto sus trámites y procesos judiciales detenidos, afectando principalmente a aquellos con casos urgentes.
A pesar de los esfuerzos por establecer mesas de diálogo entre las partes involucradas, las negociaciones no han logrado resultados concluyentes. Mientras que los sindicatos insisten en que sus demandas no han sido atendidas y que el paro es un recurso legítimo para hacer valer sus derechos, la Barra de Abogados Democráticos considera que las condiciones actuales no justifican la interrupción de actividades, especialmente después de que jueces y magistrados regresaran a sus labores.
La Barra argumenta que, al no existir una afectación directa a los derechos laborales de los trabajadores, prolongar el paro no solo es innecesario, sino que también afecta gravemente el funcionamiento del sistema judicial y el acceso a la justicia para miles de personas. En este sentido, explicaron que los empleados que insistan en no regresar podrían enfrentar sanciones legales bajo la acusación de obstrucción de la justicia, un delito que implica la imposición de penas por bloquear el funcionamiento de un servicio público esencial como es la impartición de justicia.
Hasta el momento las autoridades judiciales no han emitido una postura oficial sobre las posibles acciones legales, pero el llamado de la Barra pone en relieve las tensiones crecientes dentro del Poder Judicial de Puebla, donde el conflicto entre los derechos laborales y la necesidad de garantizar la justicia continúa siendo un tema delicado. El paro ha afectado tanto a procesos civiles como penales, generando un retraso significativo en la resolución de casos, situación que ha llevado a varios actores a demandar una pronta solución.