La Auditoría Superior del Estado (ASE), que encabeza Francisco José Romero Serrano, advirtió a las autoridades de Puebla que promoverá sanciones administrativas y penales contra quienes hagan un mal uso de los recursos públicos que se han orientado a combatir la pandemia de coronavirus (Covid–19).
En un comunicado, recomendó contar con la autorización del cabildo o de los órganos de gobierno en las acciones que llevan a cabo, así como obtener las mejores condiciones en relación al precio, calidad de los bienes y servicios que vayan a adquirir.
También les pidió vigilar la entrega de bienes y la prestación de servicios de los programas de atención a la emergencia sanitaria, para que no se incurra en promoción personalizada de servidores públicos ni en uso de recursos públicos con fines electorales.
El llamado lo realizó al gobierno del estado, al Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia, a los 217 ayuntamientos, a las entidades paramunicipales y paraestatales, a los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, así como a los organismos autónomos que suman 328 entidades fiscalizadas que conforman el Estado de Puebla.
La ASE señaló que la conducción de las autoridades se debe dar bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, trasparencia, control y rendición de cuentas, con la finalidad de realicen una correcta administración del gasto público destinado a combatir la pandemia.
Asimismo, recordó a los sujetos de revisión que están obligados a cumplir con las disposiciones en materia de transparencia, por lo que deberán generar información de los recursos de manera periódica para publicarla en los portales de internet correspondientes.
“En materia de comunicación social, deberán vigilar la administración prudente de los recursos públicos, rigiéndose bajo los principios rectores de eficiencia, economía y racionalidad presupuestaria, transparencia y máxima publicidad, honradez, objetividad e imparcialidad y veracidad”, agregó.
De paso, les pidió tener en tiempo y forma la documentación comprobatoria y justificativa con base en lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del estado.