Tener acceso a cuidados integrales para una vejez digna es un beneficio con el que pocas personas de 60 años y más, con o sin familia, pueden contar, ante la ausencia de asilos pagados por el gobierno y tarifas de los privados que no están al alcance de la mayoría de la población.
Solo quienes disponen de entre 8 mil y 35 mil pesos mensuales, o incluso más, tienen los beneficios de vivir en un lugar con tres comidas al día, vigilancia de enfermeras las 24 horas, atención médica permanente y actividades recreativas que permiten mantener un buen estado de salud físico y emocional, entre otros servicios, si es que la familia no puede hacerse cargo de su atención.
Por ejemplo, en Villas Juan Diego, ubicadas en la carretera estatal a Coronango, el costo normal por estancia en un mes es de 26 mil 400 pesos.
Pero si el residente requiere cuidados especiales debido a su condición, se eleva hasta los 35 mil pesos.
Además de los alimentos, los adultos que ahí conviven cuentan con habitación y baño propios, talleres de pintura, música y sala de belleza, por citar algunas amenidades.
En tanto que en la casa hogar de la Fundación Gabriel Pastor hay cuatro tarifas: 11 mil pesos mensuales si es cuarto para dos o más personas, 13 mil 500 pesos si es individual, pero con baño compartido; 15 mil pesos por habitación para un adulto mayor y 18 mil 500 pesos en al área residencial.
Además de las comidas, se ofrecen terapias ocupacionales, servicios de activación, manualidades y lavandería.
Quienes ahí viven cuentan con área de rehabilitación, además de que pueden practicar algunas disciplinas, como tai chi.
Las consultas, medicamentos y pañales corren por cuenta de los familiares o responsables del adulto mayor.
Por su parte, las estancias Sol y Luna y La Tercera Edad A.C. tienen precios de 8 mil pesos si la habitación es compartida y 9 mil 500 pesos si es individual.
En la primera está incluida la asesoría de un médico y se cuenta con nutrióloga para dar dietas especiales a adultos con padecimientos como diabetes, mientras que en la segunda se debe pagar adicionalmente por el servicio del geriatra, psiquiatra o terapeuta, aunque se ofrecen los servicios de peluquería y podología sin costo extra, por el momento.
Por otra parte, si bien el gobierno del estado cuenta con programas para la atención del adulto mayor, como los alimentarios, que consisten en la entrega periódica de despensas; no ha creado asilos de tiempo completo.
En marzo de 2021 fue inaugurado el albergue Vida Digna en lo que eran las instalaciones de la CNOP, en la ciudad de Puebla.
Pero este únicamente es para pernoctar. Hay 34 camas disponibles y servicios de enfermería, alimentos, lavandería, sanitarios y regaderas.
Mientras que, para el día, las personas tienen como opción acudir a La Casa del Abue, creada desde el sexenio marinista y misma que funciona como estancia de día para aproximadamente 200 adultos mayores.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, elaborada por el Inegi, refiere que 49.9 por ciento de la población con discapacidad en el país tiene 60 o más años de edad.
Eso significa que pueden tener dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas, mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse, problemas emocionales o mentales.
Es una realidad que millones de personas en México y Puebla se enfrentan al abandono de sus familias y carecen de quien les garantice alimento, vestido e incluso un lugar donde vivir, situación que es todavía más grave cuando se padece una discapacidad.
Todo ello ocurre a pesar de que a nivel país existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el mismo Código Civil que obliga a las autoridades a proteger a este sector de la población, mientras que en Puebla se cuenta con la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores.
En el artículo 4 de esta última se asienta que este sector de la población tiene derecho a vivir con decoro, honor y respeto, libres de cualquier forma de violencia física, verbal o económica que ponga en peligro su vida, salud y/o patrimonio, así como residir dignamente en sus hogares y cerca de sus familiares hasta el último momento de su existencia, a menos que medie enfermedad grave, que requiera de internamiento en instituciones especializadas.
Alfredo Lozano Ortega, abogado activista, agregó que todos los hijos con capacidad económica están obligados a dar una pensión alimenticia a sus progenitores o abuelos. “Lamentablemente las personas de la tercera edad no ejercen ese derecho, aquí debiera de realizarse una actividad pública de que los abogados sociales, que el gobierno dijera: a ver abogados sociales, vamos a identificar a todos los que están agredidos en sus derechos de pensión alimenticia por ser personas mayores y qué sorpresa nos llevaríamos”.
Añadió que la junta auxiliar de La Resurrección es de uno de los lugares con más cantidad de adultos abandonados y/o maltratados en el estado de Puebla; ahí es recurrente ver prácticas como sacarlos al patio, sin importar las condiciones climáticas, para que ahí se duerman.
Lozano Ortega comentó que también es recurrente que a los adultos mayores los despojen de sus bienes inmuebles, los alimenten mal o los desconozcan como familiares y les nieguen toda ayuda y cuidado.
Consideró que al DIF estatal (y municipales) le falta trabajar para evitar más adultos violentados, pues subrayó que se supone que esta institución es la garante de la familia.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se considera adulto mayor a quienes tienen 65 años o más en países desarrollados; en los que están en vías de desarrollo, como México, es a partir de los 60 años.
En Puebla hay actualmente 745 mil 419 personas que tienen seis décadas o ya las rebasan.
En las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050 del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que dentro de 28 años en territorio poblano las personas en edad de retiro, es decir de 65 y más, representarán 15.6 por ciento de los habitantes; en 1970 solo eran 4.1 por ciento.
El mismo consejo indica que esta tendencia representa un reto demográfico para las políticas públicas porque se necesita de la generación de espacios de trabajo, para que quienes continúen en el mercado laboral cuenten con protecciones adecuadas a la edad y con la garantía de tener un sistema de pensiones que en un futuro permita el retiro con un monto digno y adecuado para su subsistencia.
También se necesitan acciones y estrategias sociales que permitan continuar con una vida lo más activa, independiente y saludable posible hasta la muerte.