La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) admitió que una niña indígena de 12 años, originaria de la comunidad de Atla, en Pahuatlán, no pudo presentar una denuncia por violación el lunes pasado debido a que en ese momento la institución no contaba con un perito traductor de lengua náhuatl, en esa región de la Sierra Norte donde hay un alto índice de hablantes de lenguas originarias.
En un comunicado, la institución detalló que cuando la menor y su familia acudieron a la Casa de Justicia de Huauchinango “no se contaba de manera inmediata con un perito traductor en lengua náhuatl, indispensable para garantizar una adecuada recepción de su testimonio y el respeto pleno a sus derechos”.
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La traducción en una denuncia es un requisito indispensable para recibir su testimonio con validez jurídica.
Debido a la carencia, la menor, su madre, su abuela y su hermano fueron trasladados al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde pasaron la noche en resguardo institucional.
La dependencia informó que la denuncia se inició formalmente hasta la mañana del 26 de noviembre, con el acompañamiento de un traductor proporcionado por una asociación civil especializada.
Un segundo comunicado destacó que la FGE cuenta con personal capacitado para interpretar lenguas originarias, aunque reconoció que la disponibilidad no siempre es inmediata. Según esa información, el Instituto de Ciencias Forenses dispone de cinco intérpretes en náhuatl, mazateco, totonaco y lengua de señas, quienes han brindado 402 asistencias este año. Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Indígenas reportó más de 4 mil asistencias en lo que va de 2025.
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La fiscalía añadió que este año ha incorporado siete auxiliares del Ministerio Público hablantes de lenguas indígenas, con perfil jurídico, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional.
La situación generó inconformidad entre los familiares de la menor y habitantes de la región. La madre y la abuela permanecieron varias horas sin poder presentar la denuncia debido a la falta del intérprete, y que ninguna instancia municipal de Pahuatlán —incluido el DIF— acudió a acompañarlas, pese a que el 25 de noviembre el ayuntamiento difundió mensajes con motivo del “Día Naranja” para visibilizar la violencia contra mujeres y niñas.
En la Casa de Justicia, la agente del Ministerio Público, Damayanti Zamora Moreno, explicó a la familia que no podía iniciar la carpeta de investigación sin un traductor certificado, lo que prolongó la espera y generó incertidumbre para la menor y sus acompañantes.
La FGE aseguró que las indagatorias ya están en curso y reiteró su compromiso de brindar atención especializada a niñas, niños, adolescentes y a población indígena en situación de vulnerabilidad.
