En un escrito que circula entre transportistas que están en regla y del cual obtuvo una copia digital La Jornada de Oriente, los concesionarios denuncian actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte como la asignación arbitraria de rutas, alteración de estudios técnicos, y corrupción en la entrega de concesiones.
En su escrito, que rebosa en descalificaciones, apodos, improperios, groserías e insultos hacia funcionarios de la dependencia, los quejosos acusan que operan sin permisos o alterando derroteros, las Rutas: 25 Movilomas, Rutas 4 del Periférico, la 1, 72 y 72 A, Rutas 12, 45, 52, Atlixco-Tlaxcalancingo y Azumiatla.
El documento viene acompañado de copias de los oficios enviados a la SMT por los agraviados, en los que hacen una explicación pormenorizada de los perjuicios que acusan.
Sobre la Ruta 25, Movilomas se menciona que carece de autorización legal. De la Ruta 4 de Periférico se señala que no cuenta con un estudio adecuado para su funcionamiento. Acerca de las Rutas 1, 72 y 72A se denuncian presuntas irregularidades en las propuestas de derroteros autorizados para las concesiones.
En cuanto a la Ruta 12 y 45 de Cholula se menciona que se permite la incorporación de unidades que no están regularizadas, mientras que sobre la Ruta 52 se advierte que ha violado acuerdos establecidos con otros derroteros y de la Ruta de Atlixco a Tlaxcalancingo se apunta que presuntamente fue dada de manera irregular, a pesar de haber sido declarada improcedente en administraciones anteriores.
En cuanto a la Ruta en Azumiatla se menciona que su trayecto se autorizó a pasear de que invade el derrotero de una ruta autorizada en la zona.
En el escrito se acusa a Hugo Cruz Cruz, subsecretario de Transportes y Vías de Comunicación y Berenice Uribe, por otorgar concesiones sin estudios técnicos adecuados, así como reactivar asignaciones antiguas, amén de ocultar información al titular de la dependencia, Omar Álvarez Arronte.
También se menciona que Jesús Guerra es un asesor involucrado en la concesión de rutas sin estudios técnicos y a Benito Sánchez Islas, por alterar documentos de expedientes y favorecer proyectos sin cumplir con los requisitos legales.
De José Aurelio Hernández Pioquinto se dice que es beneficiario de concesiones de transporte, presuntamente otorgadas de manera irregular.
