Vecinos del Conjunto Residencial Lomas del Ángel Segunda Sección denunciaron que el ayuntamiento de Puebla, a través de la sindicatura municipal, avaló de forma irregular la designación de un comité de administración “espurio” integrado por personas morosas y no propietarias, lo que ha derivado en un conflicto interno por el control de la asociación civil que administra el fraccionamiento.
De acuerdo con un informe firmado por Julieta Ramírez Carmona, actual tesorera de la Asociación Civil Conjunto Residencial Lomas del Ángel, el comité encabezado por Aarón Gracia Rivera —electo en noviembre de 2019 mediante una asamblea ordinaria— no ha concluido su periodo y cuenta con el respaldo mayoritario de los condóminos, quienes han mantenido el pago regular de cuotas de mantenimiento y reciben reportes mensuales sobre los trabajos realizados y el estado financiero.
Ramírez Carmona detalla que en marzo de este año un grupo de vecinos inconformes, conformado en su mayoría por personas morosas y ajenas a la propiedad, comenzó a difundir mensajes de desprestigio a través de chats de ventas. Posteriormente, en junio, con el supuesto respaldo de la Sindicatura, realizaron una asamblea sin orden del día y sin cumplir con el protocolo legal para convocar al comité en funciones. De esa reunión surgió una planilla integrada por cinco personas, de las cuales solo una es propietaria.
El conflicto escaló el 18 de junio, cuando este grupo ingresó por la fuerza al fraccionamiento, bloqueó la entrada, retiró al personal de la empresa de seguridad contratada y cambió las chapas de las oficinas de la Casa Club, lo que motivó una denuncia penal por despojo. Según el testimonio de la tesorera, la Sindicatura Municipal, encabezada por el director de mediación José Javier Joffre Morales, presionó para que se entregara la administración sin reconocer las asambleas extraordinarias donde los vecinos desconocieron al comité impuesto.
La actual administración señala que durante su gestión ha regularizado el pago de cuotas, ha realizado ajustes graduales consensuados (de $550 pesos en 2019 a $700 en 2025) y ha atendido problemas heredados de comités anteriores, como adeudos con CFE, mantenimiento del cárcamo de agua y la denuncia por abuso de confianza que sigue abierta contra los exadministradores por un faltante superior a 1.2 millones de pesos.
Los representantes legítimos de la asociación exigen la intervención de instancias estatales y federales para frenar lo que consideran un “golpe” avalado por el ayuntamiento de Puebla, que, según su denuncia, se ha excedido en sus atribuciones al reconocer a un comité que no cuenta con respaldo legal ni con la aprobación de la mayoría de propietarios.
