Martes, mayo 11, 2021

Acusado de desvío de recursos públicos, aprehende la FGE a Leoncio Paisano

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Malversación de 40 millones de pesos con empresas fachadas, la asignación irregular de una concesión y la falta de concordancia de los impuestos recaudados en Lomas de Angelópolis con los que ingresaba a la Tesorería Municipal, son los cargos que pesan contra el ex edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, quien este martes fue detenido por la Fiscalía General de Estado (FGE) bajo la acusación de peculado.

El expresidente municipal, de extracción panista, fue detenido la tarde de este martes cuando salía del funeral de su padre que falleció la madrugada del lunes, a la edad de 84 años.

El suceso se registró en el barrio de San Juan de ese municipio, que Paisano gobernó durante el periodo de 2014 a 2018, postulado por el PAN.

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Leoncio Paisano fue trasladado ante un Juez de Control, acusado de desvió de recursos públicos y utilización de empresas fantasma durante su gestión como alcalde, por lo que será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

Desde 2019 se denunciaron anomalías

Desde octubre de 2019, la entonces alcaldesa de San Andrés, Karina Pérez Popoca –quién pidió licencia al cargo para competir por la reelección en el actual proceso electoral– presentó denuncias ante el Congreso local y ante la FGE por la supuesta malversación de recursos.

En esa ocasión, la alcaldesa acusó que Paisano otorgó de forma irregular una concesión por 30 años a la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza en 2017 y que fue revocada por anomalías.

La denuncia también presumió el posible desvío de entre 50 y 100 millones de pesos, anomalías en las que habrían participado 20 funcionarios de la administración del panista.

La alcaldesa también señaló al inicio de su administración que detectó una red de corrupción en el cobro de impuestos inmobiliarios que involucra a diversas notarías, la desaparición de 300 bienes entre los que se encuentran equipos de seguridad pública.

Pérez Popoca indicó que también fueron ubicados cobros de servicios que no se reportaron y obras con faltas administrativas, lo que sumaría un desfalco superior a los 100 millones de pesos.

Los señalamientos de la morenista quedaron asentados en el acta de entrega-recepción, y fueron notificados en su momento al ex alcalde para que las subsanara pero ello no ocurrió.

Según se refiere en el documento, la red de corrupción inmobiliaria se ubicaba en la Dirección de Catastro, ya que se encontró un software que se colocó en los equipos de cómputo, mediante el que de madrugada se ingresaba a las cuentas de cobro de los inmuebles para alterar las cifras.

Las alteraciones se realizaban entre las 11 de la noche y las tres de la mañana y, según comprobaron, entre quienes se encargaban de efectuar ese trabajo se encontraban cinco empleados del ayuntamiento que fueron separados de sus cargos, así como gestores y notarías públicas.

Por otra parte, debe recordarse una serie de obras irregulares realizadas durante la gestión de Paisano Arias, como el Parque de las Siete Culturas pues esta se realizó sobre un terreno que se utilizaba como corralón, para la que se destinaron 100 millones de pesos.

La ASE acusó desfalco por 42.4 mdp

Sobre el exalcalde también pesa una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó por la presunta malversación de 42.4 millones de pesos, a través de empresas que no existen conocidas como “fachada”.

El recurso legal también involucra a quienes se desempeñaron como tesoreros Sergio Quiroz Corona y Héctor López Herrera, así como el director de Desarrollo Urbano y aspirante panista a la alcaldía en estas elecciones, Edmundo Tlatehui Percino, quienes habrían utilizado 45 firmas fantasma. Entre las empresas que habrían sido utilizadas destaca la firma Baupre Networks para desviar un millón 907 mil 287.99 pesos.

Los involucrados por la ASE son Sergio Quiroz Corona, quien fue tesorero municipal del 15 de febrero de 2014 al 12 de abril de 2016; Héctor López Herrera, su sucesor quién ocupó el mismo cargo del 13 de abril de 2016 al 14 de octubre de 2018; así como a Nadia Hernández Acosta, quien fungió como contralora durante toda la gestión del exalcalde.

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